Alianzas público-privadas para la Reforma del Estado

Aitor Llodio Rodríguez

Director Ejecutivo

ALIARSE

Es la pregunta que me hago, cuando me pregunto si el Estado Costarricense da para más, si no transformamos la forma en la que opera. Son muchos los indicadores de desarrollo y situaciones que los ciudadanos vivimos a diario que pareciera que, en algunos temas elementales, el país no solo no avanza sino que retrocede.

La CCSS es una institución admirada por todos los costarricenses, nos enorgullecemos de lo que es y le ha dado a nuestras familias, pero las largas colas en los EBAIS o esperas para realizar cirugías importantes son lamentables. La infraestructura educativa es crítica en centenares de escuelas y colegios, y los resultados del sistema educativo son muy pobres, a pesar invertir mucho más que la mayoría de los países del mundo per capita, seguimos cayendo en las pruebas PISA. En un mundo donde el conocimiento y la tecnología evolucionan a pasos nunca antes imaginados, la falta de conectividad en muchas zonas del país, solo aumenta las brechas y falta de oportunidades en la población más vulnerable. La pobre infraestructura vial es algo que siempre sorprende a propios y ajenos, y es tan decadente que importantes vías nacionales tienen serios problemas de desprendimientos no resueltos en décadas, que siguen impactando negativamente en la competitividad país, y generando la terrible pérdida de vidas humanas. Ni que hablar de ese 20% de la población que sigue viviendo en la pobreza a pesar de las múltiples iniciativas públicas e inversiones millonarias anuales en la lucha contra esta lacra.

Estos y otros desafíos importante que el Estado Costarricense no ha sido capaz de resolver para contribuir al bienestar de la mayoría de la población costarricense, nos lleva a promover una Reforma del Estado. Pero, ¿Que queremos de la Reforma? ¿Existen propuestas concretas? ¿Cuál es el nivel de apoyo político con el que cuentan esas propuestas de Reforma hoy en la Asamblea Legislativa?

En la compleja situación fiscal que enfrenta Costa Rica, con los presupuestos nacionales para 2023 posiblemente más restrictivos de la historia, parece prioritario desarrollar nuevos modelos de gestión del desarrollo de la infraestructura y servicios públicos. En este sentido, impulsar nuevos y diferentes tipos de colaboración público privado será imprescindible. Serán necesaria más concesiones para acceder a recursos frescos para crear y mantener la infraestructura de transporte, educativa, de salud o vivienda social. También tendrán que potenciarse los esquemas de contratación por resultados para asegurar la efectividad de la inversión en programas de formación para el empleo, salud pública o servicios sociales. En situaciones de emergencia nacional, como ha ocurrido en el pasado con terremotos, huracanes y más recientemente el COVID, la colaboración público-privada no solo debe potenciarse sino debiera ser más efectiva.

Las Juntas Educativas, las Asadas, las Asociaciones de Desarrollo, entre otras organizaciones comunitarias lideradas por decenas de miles de personas voluntarias, juegan un papel fundamental en la mejora de la prestación de servicios públicos. Sin embargo, es por todos sabido, las limitaciones que estás organizaciones cuentan para realizar su labor de forma exitosa. El país debe desarrollar también nuevos modelos de cooperación público-privada que contribuyan a fortalecer las capacidades y potenciar los impactos de estas organizaciones tan importantes para el desarrollo del país, en particular en zonas rurales.

No es posible que Costa Rica pueda lograr su mayor potencial de desarrollo, sino potencia más esquemas de colaboración público-privada entre Empresa, Gobierno, Academia y Sociedad Civil que complementen recursos y capacidades para genera soluciones innovadoras a los complejos retos que enfrenta nuestra patria. Así lo hicieron en su momento y siguen potenciándolo los países más desarrollados del mundo. La reforma del Estado debiera contribuir de forma decidida a crear nuevos modelos de gestión multisectoriales del desarrollo que fomenten innovación, eficiencias y acceso a recursos frescos para generar el mayor bienestar posible a todos los habitantes del país, y en particular a la población más vulnerable, sin dejar a nadie atrás.