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Ocho plaguicidas prohibidos son empleados mientras se espera un fallo de la Sala IV que restrinja su uso

Agrotóxicos se abren campo en el país

• Contraloría reveló que el país ha seguido importando agroquímicos proscritos por la Organización Mundial de la Salud
• Fiscalización se mantiene varada debido a un recurso de amparo interpuesto contra nuevo reglamento

Eduardo Baldares
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Hay potencias mundiales muy rigurosas con el empleo de agroquímicos en sus propias tierras; sin embargo, no traban su exportación a naciones como Costa Rica.
¿Será posible que se les devuelvan envueltos en cáscaras de fruta, pero sin el logotipo de la calavera y las tibias cruzadas?
Costa Rica importa plaguicidas tóxicos prohibidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo cual pone en peligro al medio ambiente, a quienes bregan en los sembradíos y por supuesto a los consumidores, según reveló un informe de la Contraloría General de la República.
Por otra parte, solo en 2006, el país exportó unos $649 millones en productos frescos a Estados Unidos y $99 millones a Alemania, principalmente piña y melón, de acuerdo con estadísticas de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer).
Llama la atención que estas naciones son las proveedoras de agroquímicos números uno y tres, respectivamente a Costa Rica; según datos de Procomer de los $109,2 millones importados un 23% proviene de Estados Unidos y un 14,9% de Alemania.
Aún más curioso resulta el ejemplo del Paraquat, que pertenece a la “docena sucia” denunciada por la red mundial Pesticid Action Network (PAN), pero que no fue prohibida en suelos estadounidense y teutón, donde simplemente se le ha catalogado como de uso restringido, y por lo tanto, aunque no lo utilicen en sus propias tierras, sí es exportable.
El producto está proscrito en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Austria, y grandes productoras agrícolas como Chiquita han suspendido su uso voluntariamente.
Quien lo manipula debe vestirse con equipo de protección de cobertura total y seguir rigurosamente los criterios de seguridad, pero se teme que en el Tercer Mundo sea aplicado frecuentemente por trabajadores de plantaciones mal asesorados y sin ninguna salvaguardia.
De acuerdo con la Contraloría, el Paraquat es una de las sustancias repelidas por la OMS que se siguieron comprando en el país.
El estudio, al que tuvo acceso LA REPUBLICA, señala que el fungicida Mancozeb sigue siendo el principal plaguicida importado en el país y la sustancia con mayor presencia de residuos en productos vegetales como apio, lechuga, tomate, repollo, coliflor, chile dulce, fresa y zanahoria.
Este fungicida, catalogado como cancerígeno, afecta la tiroides y el sistema digestivo en humanos, y es altamente tóxico para organismos acuáticos, según la OMS.
Otras sustancias prohibidas por esta Organización que se siguieron importando son Clorotalonil, Metamidofós, Metomil, Glifosato, Carbofurán y Terbufós.
El informe señala que “en los últimos diez años ha habido un significativo y preocupante incremento del uso de plaguicidas importados de toxicidad aguda, alta y extrema”, y además señala que existe presencia de residuos tóxicos en agua y aire, lo que “incrementa el riesgo de contaminación de los ecosistemas acuáticos, tanto superficiales como subterráneos”.
Además se cuestiona a los ministerios de Agricultura, del Ambiente y de Salud por no contar con información precisa sobre la cantidad de producto utilizado, su relación con la exposición humana y ambiental, y el riesgo que representa para la salud y el ambiente, ante lo cual las instituciones no se quedaron de brazos cruzados, reaccionaron, se pusieron a inventariar las sustancias y en la actualidad planifican la ejecución de un plan de eliminación.
Por su parte, la Asamblea Legislativa ratificó el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP, o químicos de prolongada permanencia), para que estos disminuyan y desaparezcan de nuestro país en el mediano plazo.
Los COP pueden generar en el ser humano defectos congénitos, fallas reproductivas, anormalidad y disfunción de la tiroides y otras hormonas, afectación del sistema inmunológico y desarrollo de cáncer, además tienen el potencial de contaminar aire, agua, alimentos, especies y ecosistemas completos.
Empero, la fiscalización se mantiene paralizada. Aunque elaborado en 2004, el informe del ente contralor sigue tan vigente como entonces.
Hasta enero de este año no se publicó un nuevo reglamento en lugar del denunciado por la Contraloría como obsoleto, en el que se dispusieron para registrar un producto requisitos que muchos solicitantes no han podido cumplir, como estudios de toxicología y otros para garantizar la salud de las personas y la protección del ambiente.
Entonces el nuevo reglamento fue objeto de un recurso de amparo que tres años después del informe mantiene paralizadas las acciones en defensa del consumidor.
Pese a la omisión, en el país las universidades y otras instituciones del Estado trabajan para cumplir los objetivos del Convenio de Estocolmo, desarrollando proyectos en biotecnología, agricultura orgánica y empleo de fórmulas alternativas, amigables con la naturaleza, además de ofrecer ayudas técnicas sobre utilización de químicos, gestión y destrucción de almacenajes de productos peligrosos, entre otras medidas.
Aunque la principal barrera ha sido la falta de coordinación entre estas y el sector productivo, sí existen organizaciones como la Asociación de Pequeños Productores de Talamanca (Appta), que producen rentablemente en armonía con la naturaleza, potencial ejemplo para las que todavía no lo hacen.
Mientras tanto, Acueductos y Alcantarillados tiene que suministrar agua con cisternas a 6 mil vecinos de Siquirres, debido a la contaminación química de los acueductos locales contagiados con plaguicidas usados en algunas frutícolas.
María Luisa Avila, ministra de Salud, comentó que el consumo de esta agua por periodos prolongados podría provocar cáncer y otros daños a la salud.


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