Vilma Ibarra

Vilma Ibarra

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Miércoles 22 Octubre, 2014

Independientemente de lo que resuelva Setena, estamos seguros de que el vía crucis de la TCM está aún lejos de concluir


Hablando Claro

Vía crucis portuario


El Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial nos coloca en el puesto 54. Pero cuando vemos únicamente el apartado infraestructura caemos al 128.
El dato no es sino la constatación de la vivencia cotidiana que por décadas se ha convertido en el sello propio de nuestro país: la incapacidad (no la falta de recursos) para gestionar la obra pública.


En términos de planificación (o más bien de falta de ella) y de diseño idóneo de proyectos de gran envergadura, no logramos avanzar debido a infinidad de factores y obstáculos.
Ahí está la tristemente célebre platina. Ahí el estancado esbozo de ampliación de la ruta 32. Ahí el proyecto abortado para la ruta a San Ramón al que —si por la víspera se saca el día— también le falta mucho para terminar el calvario. Es la historia de siempre. Solo a costa de un enorme desgaste es posible ejecutar un proyecto. La 27, es el ejemplo.
A mediados de 2010 conversé con el gerente de APM Terminals. El señor me dijo con una seguridad que me partió el alma, que en 18 meses empezarían las primeras tareas de la magna terminal de contenedores de Moín.
Una concesión de 33 años por $1.000 millones. Eso fue hace cuatro años. Desde entonces, la consabida sucesión de demandas, acusaciones, apelaciones y pasos tan particulares de nuestro sistema, han marcado la ruta del proyecto.
El último de los escollos superados fue el rechazo de un recurso de casación interpuesto por el Sindicato de Japdeva ante la Sala Primera. Ante el traspié judicial y el respaldo del Ejecutivo a la TCM, de nuevo se paralizarán los muelles.
Por otra parte, según informó La República, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se pronunciará en noviembre sobre la viabilidad ambiental del proyecto. Es algo extraño. Como la carreta delante de los bueyes. El Consejo Nacional de Concesiones meses atrás avaló el proyecto y su presupuesto sin contar con la aprobación de la Setena. ¿Cómo fue eso posible?
Es que acaso la aprobación de la viabilidad ambiental se consideró solo un requisito más, como para haber aprobado el proyecto y presupuesto sin conocerse los extremos ambientales de la obra?
Es cierto que el contrato establece que la empresa tiene la obligación de demostrar la viabilidad, de modo que si no fuese obtenida en el fallo de Setena, teóricamente no le cabe responsabilidad a la administración.
Pero de eso no se trata. ¡Se trata de que el proyecto se ejecute! Y claro, que se haga bien. Especialistas ambientales contrarios al proceso seguido hasta ahora, aseguran que dada la vulnerabilidad de la zona a impactar, es necesario rehacer todo el estudio de viabilidad ambiental.
Por supuesto, la empresa alega que ya todo está hecho como debe ser. Por ello, independientemente de lo que resuelva Setena, estamos seguros que el vía crucis de la TCM está aún lejos de concluir. Digo, de concluir para poder empezar. 
Todo porque la  verdadera raíz del problema al parecer se encuentra en el inicio, cuando se decidió una ubicación, sin una correcta planificación estratégica que integrara la dimensión ambiental y social, o sea, que se impuso una solución técnica, sin los necesarios equilibrios. Es decir, lo mismo de siempre.

Vilma Ibarra