Presidenta minimiza escándalo tributario

Atribuye yerro a Municipalidad y no a ministros

Presidenta minimiza escándalo tributario

Renuncia del jerarca de Hacienda es solicitada por oposición

La presidenta Laura Chinchilla minimizó que 11 de sus ministros y sus cónyuges paguen menos impuestos por algunas de sus propiedades y echó la culpa a las municipalidades.

Aunque la gobernante ayer hizo un llamado a los miembros de su gabinete para que se pusieran al día con sus responsabilidades tributarias, también justificó la situación, aduciendo que son los municipios los encargados de actualizar el monto impositivo que se debe pagar y realizar el cobro correcto.

“Ha sido la práctica generalizada en el país, en consideración de que son los gobiernos locales los que tienen el conocimiento y manejan mejor las fórmulas de cálculo aplicables”, reza el comunicado de prensa enviado ayer por Casa Presidencial.

Asimismo, atenuó el escándalo tributario bajo el argumento de que no existe una sanción contra quien no pague correctamente los impuestos de sus bienes inmuebles.

“La legislación vigente dispone que los contribuyentes deben actualizar los valores de los bienes inmuebles ante sus respectivas municipalidades cada cinco años, pero no establece ninguna sanción si ello no se hace. En ese caso, la municipalidad debe hacerlo de oficio”, añade el comunicado.

Once ministros, entre ellos el propio Fernando Herrero, de Hacienda, tenían propiedades valoradas con un monto inferior y por ende pagaban menos impuestos, de acuerdo con una investigación publicada ayer por el periódico La Nación.

Junto al encargado de administrar las finanzas del Estado, también declaran menos, Gloria Abraham, de Agricultura; Manuel Obregón, de Cultura; Sandra Piszk, de Trabajo; Enrique Castillo, de Relaciones Exteriores; Juan Marín, de Descentralización, y Mayi Antillón, de Economía.

Esos jerarcas actualizaron el valor de las fincas e inmuebles, días antes de que la información saliera a la luz.

Mientras que Leonardo Garnier, de Educación; Daisy Corrales, de Salud, y Alejandro Cruz, de Ciencia y Tecnología todavía tienen valoradas sus propiedades por un monto menor. Esa misma situación tiene Alfio Piva, primer vicepresidente de la República.

Esas propiedades deberían estar declaradas, en conjunto por ¢13,5 mil millones, pero reportan solo ¢11,2 mil millones. Ocasionando que anualmente se dejen de pagar ¢28 millones en impuestos.

Entre tanto, este escándalo generó efervescencia en el Congreso y varios diputados de oposición pidieron la cabeza de Herrero, pues argumentan que no puede alegar desconocer la ley, siendo el encargado de velar por los ingresos del Estado.

“Hay que poner las barbas en remojo, él hizo el trámite de avalúo para alquilarle a la Fuerza Pública una propiedad, no puede decir que no conocía la ley. Eso se llama la cultura de la evasión, donde el principal actor es el Ministro de Hacienda. Si doña Laura quitó al Ministro de Deportes, por unas entradas, debe echar a Herrero. Ella está en una situación muy complicada”, dijo Patricia Pérez, legisladora del Movimiento Libertario.

Natasha Cambronero

ncambronero@larepublica.net