Opositores: “País no pagaría indemnización”
Las celebraciones del 11 de abril se empañaron la semana pasada, cuando los opositores a la carretera se enfrentaron a golpes con la policía.Marco Monge/La República
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Si anula vínculo por supuestos vicios de ilegalidad

Opositores: “País no pagaría indemnización”

Allanan Consejo Nacional de Concesiones por contrato de ruta San José – San Ramón

Si el Gobierno rompe el contrato de concesión de la carretera entre San José y San Ramón, no tendría que pagar ni un solo cinco de indemnización a la empresa brasileña OAS.

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Ese es el criterio de varios diputados de oposición y el Foro de Occidente, quienes señalaron ayer supuestos vicios de ilegalidad.
Entre las irregularidades dadas a conocer por los grupos de oposición está la exoneración de patentes municipales para los peajes, y la inexistencia de permisos ambientales por parte de la Setena.
Cuestionan además el hecho de que Pedro Castro, ministro del MOPT, fue asesor de la empresa brasileña, por lo que habría también un supuesto tráfico de influencias.
“Hay vicios de nulidad que obligan al Estado a declarar nulo el contrato y que al mismo tiempo, le permiten hacerlo sin temor a ser demandado”, expresó Paúl Brenes, representante de San Ramón en el Foro de Occidente.
La concesión de la carretera ya fue refrendada por la Contraloría General de la República, lo cual le da validez jurídica al vínculo entre las partes.
Esto significa que la ruptura unilateral del contrato, en este caso por Costa Rica, acarrearía irremediablemente una demanda internacional.
“El riesgo de daño para el país si elimina el contrato es mínimo, por eso apoyamos lo que impulsa el Foro de Occidente sin importar las amenazas que hagan”, indicó Manrique Oviedo, diputado del PAC.
A pesar de la confianza de diputados y ciudadanos, lo cierto del caso es que una demanda internacional de este tipo, podría poner al Estado en graves aprietos.
Recientemente, el gobierno de Chinchilla enfrentó a una amenaza de este tipo cuando la empresa Industrias Infinito dio a conocer que demandará al país por $1.092 millones, si en seis meses no reactiva sus operaciones en la minería Crucitas para extraer oro.
En el caso de OAS, el contrato de concesión es por $523 millones, por lo que la eventual indemnización no podría ser menor a ese monto.
Los integrantes del Foro de Occidente desconocieron ayer la negociación que sostuvieron los alcaldes de esa región —Palmares, San Ramón, Naranjo y Grecia— con el Gobierno la semana pasada.
Por medio de un manifiesto público, solicitaron la conformación de una comisión especial para investigar la concesión.
No obstante, diputados de oposición consideran que es mejor que el tema sea debatido en la comisión de ingreso y gasto.
Por otra parte, ayer en horas de la tarde se dio a conocer que la fiscalía allanó el Consejo Nacional de Concesiones, con el objetivo de iniciar una investigación de oficio por este tema. Los fiscales temen un supuesto delito de incumplimiento de deberes.
Asimismo, el diputado del PUSC Luis Fishman, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la concesión.
Finalmente, la Contraloría rechazó dos apelaciones presentadas contra el contrato.

Esteban Arrieta
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