Demandan a jerarcas y exjerarcas de gobierno y de la Caja

IVM no recibió ¢360 mil millones

Incumplimiento de deberes fue la causa según el PAC

El Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social dejó de percibir más de ¢359 mil millones en los últimos 13 años.

Esto debido al incumplimiento de deberes por parte de los gobiernos de turno, desde que se promulgó la Ley de Protección al Trabajador en 2000, según el Partido Acción Ciudadana.
Por tal motivo, esa agrupación política presentó ayer una demanda ante el Ministerio Público contra los altos funcionarios del Poder Ejecutivo y del Seguro Social de los gobiernos de Abel Pacheco, Óscar Arias y Laura Chinchilla.
El artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador establece una contribución hasta del 15% de las utilidades de las empresas públicas del Estado, para universalizar la cobertura de la Caja a los sectores de trabajadores no asalariados en condiciones de pobreza.
Pero transcurrieron 12 años para que el Poder Ejecutivo fijara las tasas de contribución. El 30 de abril del año pasado, el gobierno emitió un decreto ejecutivo que establece una tasa escalonada a partir de 2013, con un aporte del 5%, hasta llegar al 15% en 2017.
En 2001, la Dirección Actuarial de la Caja presentó una propuesta de gradualidad en la aplicación del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador a las empresas públicas del Estado, pero las administraciones 2002-2006, 2006-2010 y 2010-2014 incumplieron sus obligaciones, explicó Yolanda Acuña, jefa de la fracción legislativa del PAC.
En 2010, la Caja nuevamente notificó al Poder Ejecutivo, pero el gobierno tardó dos años más para fijar las tasas de contribución.
La fracción parlamentaria criticó que tras de que la aplicación se hizo tarde, haya sido en forma escalonada, para quedar bien con las instituciones públicas.
“La inercia de los gobiernos de la Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional generó una deuda incobrable para el IVM porque la Procuraduría General de la República determinó que el cobro no puede aplicarse a las empresas públicas en forma retroactiva”, dijo la legisladora.
Ahora el PAC espera que sea el Ministerio Público el que siente las responsabilidades del caso, pues aseguran que este dinero que no se cobró debilitó el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte en detrimento de los más desposeídos.
Las autoridades del Seguro Social indicaron que a quien la agrupación política tiene que pedir cuentas es al Poder Ejecutivo.
Agregaron que en el comunicado de prensa que el PAC entregó este lunes, dice que la Caja actuó oportunamente, entregó informes actuariales e hizo propuestas sobre el cobro a las instituciones.
 

Ana Cecilia Cruz
acruz@larepublica.net