La desigualdad, la injusticia, la miseria, debemos erradicarlas. ¿Vamos a cambiar o no? Debemos ser más solidarios

Sinceramente

¡Injusticia!

El presupuesto nacional debería tener un efecto redistribuidor del ingreso en un país. Siempre se ha dicho que quienes generan el mayor ingreso pagan el mayor impuesto y que los gastos de gobierno en educación, salud y en obra pública generan un positivo efecto redistribuidor del ingreso nacional.
En Costa Rica, sin embargo, resulta que la mayoría de los impuestos recolectados obedecen a impuestos de venta, de consumo, a impuestos que son recolectados de las masas.
Se recolectan impuestos de los contribuyentes más necesitados y se gastan en quienes no requieren el abrazo solidario del estado.
En abril de 2002 el periódico LA REPÚBLICA denunciaba el caso de las pensiones de lujo provenientes de Hacienda y regímenes especiales que son mantenidos gracias al subsidio fiscal, al subsidio del Estado. Todo es legal, todo perfectamente regresivo e injusto socialmente. “Nadie cotizó jamás para recibir una suma de dinero de pensión tan grande”, declaraba don Helio Fallas a un medio.
Todos estamos claros de la enorme conveniencia social del estado solidario y del efecto benefactor de las pensiones para las que los costarricenses cotizamos en la CCSS. Lo que resulta absolutamente censurable son los regímenes como las pensiones del Poder Judicial, o las Pensiones de Hacienda o las de otros regímenes especiales, que para sufragar esas pensiones abultadas deben de echar mano a los impuestos recaudados de todos los costarricenses. El Ministro de Hacienda ha señalado que este fenómeno de injusticia deriva en una mayor brecha social y una mayor injusticia.
Unos 1.745 costarricenses reciben pensiones de lujo. Desde un máximo de 16 millones hasta un promedio de 2,6 millones al mes y con más de 300 personas recibiendo pensiones de más de ¢5 millones al mes cada sujeto, cuando la pensión máxima otorgada por la CCSS es de unos 1,4 millones al mes.
Esto describe desafortunadas decisiones legislativas. El costo para el estado de dichas pensiones llegó en 2014 a ¢708.042 millones. Los que no cotizaron reciben en promedio el doble de los que cotizaron toda su vida. Pensiones de 10,11 y 16 millones son una afrenta a la pobreza del país, que llega a un millón doscientas cincuenta mil personas.
Mi apreciado amigo don Orlando Castro Quesada me escribía: “…cuando en un Estado de Derecho la ley atenta contra la Justicia, este Estado comienza a resquebrajarse y terminará sucumbiendo porque la certeza jurídica está al servicio de unos pocos”.
Pero las pensiones no son ni por asomo todo el grupo de abusos que vivimos. Los educadores reciben en incentivos salariales el equivalente a 11 aguinaldos, en Recope son 19. Las cifras del presupuesto ejecutado de 2013 se encuentran en la página de la Contraloría General de la República.
La desigualdad, la injusticia, la miseria debemos erradicarlas. ¿Vamos a cambiar o no? Hay que transformar las cosas. Debemos ser más solidarios, pero debemos eliminar privilegios y sobre todo abusos.

Emilio Bruce
Profesor
ebruce@larepublica.net

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