En menos de un mes enfrenta tres denuncias

Campaña de Araya al filo

Estrategias están dentro de la ley, dicen verdiblancos

No ha terminado el primer mes de la campaña y Johnny Araya, candidato de Liberación Nacional (PLN), ha sido señalado en tres ocasiones por parte de la oposición por supuestamente infringir el reglamento.

Una manta gigante con su imagen colocada en el Gimnasio Nacional, la realización de “caravanas de la salud” con fines electorales y más recientemente la creación de redes liberacionistas en las instituciones públicas, han sido motivo de crítica contra el verdiblanco.
Araya y su equipo de campaña han defendido a capa y espada sus estrategias, alegando que todas están dentro del marco de la ley y aseguran que las denuncias “son un intento de sus contrincantes de alcanzarlo en las encuestas”, explica Antonio Álvarez Desanti, jefe de campaña del PLN.
No obstante, al margen de las opiniones entre las dos partes, lo cierto del caso es que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) puede tener problemas para comprobar los cuestionamientos hacia los verdiblancos.
En el papel, la colocación de una manta gigante en una institución pública implica una multa millonaria para el infractor, así como la destitución del funcionario que haya autorizado el uso de bienes estatales en actividades políticas.
Sin embargo, aunque hay una investigación en curso, este tipo de denuncias “son difíciles de probar”, explicó Héctor Fernández, director del registro electoral del TSE.
“A la hora de realizar las averiguaciones nadie se hace responsable y por supuesto nadie vio nada. Prácticamente tendríamos que sorprender la situación in fraganti y eso es difícil”, agrega Fernández.
Otro caso en que el TSE podría encontrar dificultades para probar la supuesta infracción al Código Electoral, está relacionado con las Caravanas de la Salud, pues sus representantes no pueden ingresar a los recintos privados donde el PLN lleva a cabo estas citas médicas.
Sin embargo, hace 15 días el órgano electoral llamó la atención al PLN sobre este tema, pues Sandra León, esposa de Araya, entregaba signos externos y otras informaciones relativas a la campaña, a los ciudadanos que recibían atención médica y odontológica gratuita.
En ese sentido, advirtió sobre la sanción de hasta 12 meses de prisión para las personas que condicionen el voto de una persona por medio del otorgamiento de dádivas.
La otra denuncia está relacionada con la creación de redes institucionales verdiblancas entre los trabajadores del Estado.
En ese sentido, el Código Electoral establece claramente que los burócratas que utilicen bienes del Estado y su tiempo laboral para hacer campaña, pueden ser destituidos de su cargo. No obstante, en su tiempo libre sí pueden participar en actividades políticas.
Bajo esa premisa, el reto del TSE es comprobar que esas redes usan los bienes del Estado y el tiempo laboral para operar, lo cual podría ser complicado, pese a las denuncias de la oposición.
“En uno de los documentos que hemos logrado tener se muestra claramente que uno de los objetivos es “apoyar y fortalecer a todos los miembros activos del sector público del PLN en la administración 2014-2018”, lo cual podría interpretarse como la promesa de dádivas a los funcionarios públicos que formen parte de esta red”, indicó Jorge Arguedas, candidato a diputado por el Frente Amplio.
Pese a todas las críticas, el jefe de campaña del PLN confía en que al término de las investigaciones el partido saldrá bien librado.
“Ninguna de las tres estrategias que hemos desarrollado violenta las disposiciones jurídicas electorales. Estamos seguros y tranquilos, pues usamos la ley como norte. No estamos al filo del reglamento, ni mucho menos. El PLN fue el creador del TSE y el defensor número uno de la voluntad popular”, concluyó Álvarez.

 

Esteban Arrieta
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@earrietaLR