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Cuando la presidenta Laura Fernández cumplía apenas dos años de edad, Orlando Aguirre, actual jerarca del Poder Judicial, fue designado por primera vez como magistrado de la Sala II en 1989.
Desde entonces, han pasado 37 años y Aguirre, de 83 años, sigue en su puesto como jerarca del Poder Judicial.
Al igual que él, otros siete magistrados de la Corte Suprema de Justicia destacan por tener largas carreras judiciales y acumular al menos una década en el puesto.
Ese es el caso de Luis Guillermo Rivas, en la Sala I, con 25 años de ser magistrado; Julio Varela, de la Sala II, quien cumplirá 24 años en el puesto en septiembre próximo; y Fernando Cruz, de la Sala IV, quien cumplirá también 24 años en octubre próximo, entre otros.
El problema no es que los funcionarios se mantengan en el cargo por décadas, sino que la administración de la justicia está lejos de ser “pronta y cumplida”, según el más reciente informe del Estado de la Justicia.
Es por ello que la mandataria Fernández aboga por ventilar el Poder Judicial con nuevas ideas al nombrar magistrados titulares diferentes.
De hecho, entre 2026 y 2030, la presidenta tendrá una oportunidad de oro en esta materia, ya que 14 de los 22 magistrados actuales cumplirán con su periodo de ocho años.
La ley actual establece que, cuando a un magistrado se le vence el periodo, se considera reelecto de forma automática por un plazo similar, a menos de que 38 diputados se opongan.
El objetivo de la norma ha sido garantizar la independencia de los jerarcas del Poder Judicial.
No obstante, la clase política, compuesta por el gobierno que lidera Fernández y los diputados, destacan la importancia de hacer un cambio en materia legal ante los atrasos de la justicia y los fallos, sobre todo en el área penal y criminal.
“No voy a consentir que nuestro país siga teniendo el desprestigio judicial que, lamentablemente, hoy vivimos. Se deben hacer reformas profundas para que el Poder Judicial pueda convertirse en un poder al servicio de los costarricenses”, dijo la presidenta Fernández.
La opinión de la mandataria encuentra eco en partidos de oposición como el Frente Amplio, el PLN y Agenda Ciudadana, quienes, eso sí, advierten de la necesidad de resguardar la independencia de poderes y evitar así la intromisión política.
“Creo firmemente en que el Poder Judicial necesita mejoras, pero esa transformación no debe servir a conveniencia del Poder Ejecutivo y menos cuando se ha dicho que se quiere tomar el Poder Judicial”, agregó Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana.
Mientras tanto, el diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio, destacó que el país debe discutir este tema de una vez por todas, en aras de buscar una solución a los problemas de la justicia.
Araya resume la posición del Frente como: “Modernización del Poder Judicial, hacer que el Poder Judicial resuelva los problemas de la gente, sí; violación a la independencia judicial, no”.
Los izquierdistas sí están de acuerdo en frenar la reelección indefinida.
¿Nombramientos eternos?
De los 22 magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia, al menos 8 tienen más de 10 años en el cargo.
Se trata del 36,3% de los casos, siendo Orlando Aguirre, presidente del Poder Judicial, quien tiene más tiempo en el puesto, con 37 años y contando. (Datos del Poder Judicial).
Entre 2026 y 2030, 14 de los 22 magistrados culminarán su periodo de nombramiento de ocho años, por lo que existe una buena oportunidad “para abrir las ventanas en el Poder Judicial y permitir que entren aires frescos” con el nombramiento de nuevos magistrados.
Este es el detalle de los que finalizarán su periodo:
| Nombre | Sala | Fin de periodo |
|---|---|---|
| Julia Varela Araya | Primera | septiembre de 2026 |
| Jorge Araya García | Constitucional | octubre de 2026 |
| Patricia Solano Castro | Tercera | noviembre de 2026 |
| Jorge Olaso Álvarez | Segunda | noviembre de 2026 |
| Roxana Chacón Artavia | Segunda | noviembre de 2026 |
| Paul Rueda Leal | Constitucional | junio de 2027 |
| Gerardo Alfaro Vargas | Tercera | diciembre de 2027 |
| Damaris Vargas Vázquez | Primera | enero de 2028 |
| Sandra Zúñiga Morales* | Tercera | enero de 2028 |
| Anamari Garro Vargas | Constitucional | febrero de 2028 |
| Fernando Cruz Castro | Constitucional | octubre de 2028 |
| Orlando Aguirre Gómez | Segunda | enero de 2029 |
| Luis Salazar Alvarado | Constitucional | diciembre de 2029 |
| Iris Rocío Rojas Morales | Primera | mayo de 2030 |
*Se acogerá a su pensión a partir de junio de este año luego de ser magistrada por solo seis años
El nombramiento o revocatoria de nombramiento de un magistrado es un proceso complejo que involucra a los diputados.
Esto es todo lo que debe saber.
| Aspecto clave | Explicación |
|---|---|
| Período de Nombramiento | Son elegidos por un período mínimo de 8 años (Art. 158 Constitución Política) |
| Reelección automática | Cuando a un magistrado se le venza el periodo, se consideran reelegidos de forma automática por períodos iguales, a menos que la Asamblea Legislativa acuerde lo contrario mediante una votación calificada de al menos 38 votos. |
| Proceso de elección | La Asamblea Legislativa tiene la potestad exclusiva de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema y el Tribunal Supremo de Elecciones. |
| Procedimiento de elección | La Comisión Permanente Especial de Nombramientos realiza la convocatoria pública, recibe los atestados, entrevista a los aspirantes y otorga una calificación según una tabla de gradación. |
La Comisión envía una terna o nómina al Plenario. La elección definitiva requiere los votos de la mayoría absoluta de los diputados presentes, es decir, 29 votos si están todos los legisladores presentes.
- Ser ciudadano en ejercicio y del estado seglar (no ser clérigo/sacerdote).
- Ser mayor de 35 años.
- Poseer el título de Abogado expedido o legalizado en Costa Rica.
La oposición en el Congreso reconoce que el Poder Judicial requiere de una reforma profunda para garantizar que se cumplan los mandamientos de una justicia pronta y cumplida.
Sin embargo, destacan que se debe respetar la independencia y la continuidad de esa institución democrática al margen del poder político.
Laura Fernández
Presidenta
Costa Rica
Mi anhelo es que el Poder Judicial pueda sumarse en esta cruzada nacional para mejorar la seguridad en el país. Sin embargo, ahí parece que viven en Narnia, en otro mundo.
No voy a consentir que nuestro país siga teniendo el desprestigio judicial que, lamentablemente, hoy vivimos.
Se deben hacer reformas profundas para que el Poder Judicial pueda convertirse en un poder al servicio de los costarricenses, que trabaje con eficiencia y le hagamos frente, en una gran cruzada nacional, al crimen organizado y al narcotráfico.
Edgardo Araya
Diputado
Frente Amplio
Modernización del Poder Judicial, hacer que el Poder Judicial le resuelva los problemas a la gente, sí; violación a la independencia judicial, no, y ahí vamos a estar absolutamente vigilantes.
Desde el Frente Amplio, estamos de acuerdo en que no podemos seguir con las reelecciones indefinidas, pero no queremos que esas reelecciones, o no, sean utilizadas para sacarse el clavo porque no resuelven como yo quiero, o para concentrar poder. Pienso que hay espacio para conversar.
Claudia Dobles
Diputada
Agenda Ciudadana
Creo firmemente en que el Poder Judicial necesita mejoras, necesita reformas, necesita transformaciones importantes para que nuestra justicia sea pronta y cumplida.
Sin embargo, esa transformación no debe servir a conveniencia del Poder Ejecutivo y menos cuando se ha dicho que se quiere tomar el Poder Judicial. Eso es absolutamente antidemocrático.
Es claro que enfrentamos un problema serio con la situación de seguridad.
Álvaro Ramírez
Jefe de fracción
PLN
No podemos permitir ningún retroceso democrático. Dichosamente, la Asamblea quedó balanceada y así el Gobierno no tiene los 38 votos que se requieren para hacer cambios profundos en la Constitución, ni tampoco para violentar la independencia de poderes.
En el PLN firmamos un acuerdo que responde a la convicción profunda de que Costa Rica exige una política de altura. Hemos decidido construir, desde la diversidad, una agenda responsable que garantice el fortalecimiento de la democracia y soluciones concretas a los problemas de la ciudadanía.
