Verificar honestidad de encuestas es imposible para TSE

Verificar la honestidad de las encuestas sobre intención de voto durante los comicios nacionales, es prácticamente imposible para el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). 

Y es que el órgano electoral no tiene la facultad legal para evitar que los datos estén falseados antes de su publicación, ya que eso constituiría una especie de censura previa.

Por otra parte, a posteriori, existe una barrera práctica para contrastar la información, ya que para tener un 100% de confiabilidad, el TSE tendría que entrevistar una por una, a las mismas personas que las encuestas dijeron haber consultado, reconoce Héctor Fernández, director del Departamento de Registro Electoral. 

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Bajo estas condiciones, una persona con los conocimientos técnico y legal necesarios y con la motivación para hacerlo, podría engañar al órgano electoral y publicar una encuesta con datos falsos.

“Hay posibilidades de que alguien no juegue limpio y quiera romper las reglas en este tema. Eso es latente y es un riesgo que está ahí. La única forma de validar una encuesta, en cuanto a la veracidad de los datos, sería que el TSE vaya uno a uno a entrevistar a las mismas personas y contrastar sus respuestas, lo cual tendría que ser después de la publicación y no antes, ya que hacerlo como un control previo podría violentar la libertad de expresión y de prensa”, agregó Fernández.

En ese sentido, el jerarca del TSE aseveró que nunca se ha detectado una encuesta con datos falsos, pese a las múltiples denuncias, ya que nadie ha podido probarlo.

En este momento, el Código Electoral solo regula la veda de publicación de encuestas tres días antes de las votaciones, así como la obligación de las empresas de estar registradas ante el TSE.

Por otra parte, un reglamento elaborado por el propio Tribunal únicamente exige a las empresas encuestadoras la presentación de una ficha técnica y el mantenimiento de la documentación que respalde la realización de las encuestas. 

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En ninguno de los casos, la normativa serviría para determinar que una encuesta de intención de voto “se hizo en un escritorio y no en la calle”, reconoció Fernández.

En el proceso electoral, las encuestadoras CID Gallup, Idespo de la UNA, el CIEP de la UCR y Opol Consultores fallaron hasta por 30 puntos porcentuales el resultado final de la segunda ronda entre Carlos Alvarado del PAC y Fabricio Alvarado de Restauración Nacional.

El señalamiento del órgano electoral se da en momentos en que se critica el papel de las encuestas en las elecciones, no solo por metodologías inadecuadas, sino también por revelaciones de supuestas encuestas pagadas por partidos políticos, que después fueron publicadas por medios de comunicación al calor de la contienda.

Estos fueron los casos de Idespo de la Universidad Nacional, que hizo un estudio a teléfonos fijos, cuando hoy día la mayoría de la población prescindió de ese tipo de líneas en virtud de la telefonía móvil, y de Opol Consultores, que busca cobrar a Restauración Nacional por servicios brindados para la segunda ronda electoral.

No obstante, en ninguno de los casos el TSE determinó ninguna violación a la ley, ni al reglamento.

En el caso de la UNA, se facilitó una ficha técnica previamente que dejó claro que el sondeo se realizaría por medio de teléfonos fijos, mientras que en el caso de Opol Consultores, no hay ningún impedimento para que la campaña de Restauración Nacional le haya contratado estudios de opinión.

“Los partidos pueden contratar a quien quieran para hacer encuestas y eso es normal, lo hacen todas las agrupaciones aquí y en todo el mundo. El TSE no se mete a definir ni el monto, ni a quién deben contratar, eso es claro, por lo que Restauración no violentó ninguna ley al respecto. Lo que sí hay que determinar es si existió una estructura paralela para la contratación de servicios, como denunció Carlos Avendaño, presidente de ese partido”, indicó Fernández.

Mientras tanto, diputados de varios partidos están conscientes de esta problemática y anuncian su intención de modificar las leyes en torno a los estudios de opinión.

Esto, porque las mediciones de intención de voto no solo supeditan el acceso de los partidos a los préstamos bancarios en la campaña, sino también porque condicionan el acceso a debates y hasta podría influir en la contienda con datos falsos.

“Hay que valorar junto al TSE los pasos a seguir en este tema. Es fundamental ser más rigurosos, ya que la influencia de los estudios de opinión es grande en la campaña. Por el momento, creo que es necesario investigar el tema”, dijo Paola Vega, legisladora del PAC.

Mientras tanto, José María Villalta, legislador del Frente Amplio, lamentó que la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso haya rechazado una moción para investigar el tema en dicho foro legislativo.