Uso de superávit para pagar deuda pública “naufraga” entre reclamos

Utilizar el superávit de diversas instituciones del gobierno para pagar la deuda pública y sus intereses como propuso el presidente Carlos Alvarado es una buena idea, lo único malo, es que ese dinero extra nunca existió, o al menos esos dicen diversas autoridades del gobierno.

La iniciativa “Pagar” - que se presentó a finales del año pasado - pretendía recolectar ¢227 mil millones; sin embargo, naufraga hoy poco a poco en la Comisión de Hacendarios del Congreso, en medio de los reclamos de los jerarcas del propio gobierno, quienes explican que los dineros considerados como “superávits” por el Mandatario, son en realidad inversiones a largo plazo.

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El Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la Junta de Protección Social y la Superintendencia de Telecomunicaciones, entre otros, se han opuesto.

“El proyecto impulsado por el gobierno va en contra de la mejores prácticas en materia de independencia financiera que debe tener la Superintendencia de Telecomunicaciones como regulador del sector. (…) Los recursos de Fonatel, tal y como se definió en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, son fondos con un destino específico dirigido a universalizar los servicios de internet y telefonía”, dijo la institución en un comunicado.

Mientras tanto, el ICT advirtió de un “cierre técnico” si se le obligaba a entregar un superávit para pagar la deuda pública y mitigar los efectos del Covid-19.

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Y es que con el cierre de fronteras a los turistas desde mediados de marzo, los ingresos del ICT se redujeron prácticamente “a cero”, en momentos en que se requiere de una mayor inversión y acompañamiento, para ayudar a las empresas del sector turismo.

“En el mejor de los escenarios, la entidad perdería ¢24 mil millones de sus ingresos en 2020, siempre y cuando la actividad turística empezara a recuperarse a partir de la segunda mitad del año. En caso contrario, la caída sería todavía mayor”, dijo el ICT en un comunicado.

En ese sentido, Marta Acosta, Contralora General de la República, pidió a los legisladores revisar con lupa el plan, ya que la emergencia sanitaria del Covid-19 había afectado los planes de muchas instituciones, aunque insistió en que sí se pueden hacer recortes.

Debido a la negativa de varias instituciones, los diputados aprobaron una moción para ampliar las audiencias.

“Varias de las instituciones incluidas en el proyecto han manifestado que no cuentan con los recursos que se les asigna para transferir al Ministerio de Hacienda. Eso es preocupante”, dijo Ivonne Acuña, diputada independiente.

Mientras las instituciones se niegan a desprenderse de sus supuestos superávits, la deuda pública ya superó el 60% del PIB.