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La Corte Suprema de Estados Unidos votó a favor de mantener una controvertida política de la era Trump -conocida como el Título 42- que permite expulsar automáticamente a los inmigrantes indocumentados que buscan ingresar en el país.
Se estima que más de 1,7 millones de personas han sido expulsadas en virtud de esta medida implementada primero cuando Donald Trump era presidente y extendida por Joe Biden en dos ocasiones, y cuya justificación inicial fue controlar la propagación de la covid-19.
El posible levantamiento de esta política había generado preocupaciones de que aumentaría rápidamente la cantidad de migrantes en la frontera.
La administración Biden dijo que cumpliría con el fallo, pero pidió una reforma de la política de inmigración.
"Estamos avanzando en nuestros preparativos para administrar la frontera de una manera segura, ordenada y humana cuando el Título 42 finalmente se levante y continuaremos ampliando las vías legales para la inmigración", dijo en un comunicado la Casa Blanca.
Bill Cassidy, senador republicano por Luisiana, dijo que eliminar el Título 42 "habría empeorado nuestra crisis fronteriza, y la Casa Blanca parecía dispuesta a permitir que eso sucediera".
"Me alegra ver que la Corte Suprema intervenga para preservarlo, pero necesitamos una solución permanente" , dijo en Twitter.
Miguel Colmenares, un migrante venezolano que se encuentra en la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana, dijo: "Me rompe el corazón que tengamos que seguir esperando".
"No sé qué voy a hacer, no tengo dinero y mi familia me está esperando", explicó el joven de 27 años a la agencia de noticias Reuters.
La política del Título 42 debía expirar originalmente el 21 de diciembre, pero dos días antes de la fecha límite, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, bloqueó su derogación.
La decisión de la corte llegó como respuesta a una apelación de emergencia de algunos estados liderados por republicanos que habían pedido que se mantuviera la política.
El martes, la Corte Suprema votó 5-4 para ampliar la suspensión temporal ordenada por el juez Roberts.
Además, los nueve jueces de la Corte Suprema escucharán argumentos orales sobre si los estados pueden intervenir en defensa de la política.
Es probable que esta vista se lleve a cabo en febrero o marzo de 2023.
La decisión está prevista para finales de junio.
La decisión supone un duro golpe para los activistas, que habían solicitado el fin del Título 42, argumentando que era contrario a las obligaciones internacionales de dar asilo a las personas.
Sin embargo, los defensores del Título 42 y las autoridades de muchas ciudades fronterizas argumentaron que levantar la política conduciría a un aumento en las llegadas a la frontera, lo que ejercería presión sobre los recursos.
En documentos judiciales presentados la semana pasada, la procuradora general Elizabeth Prelogar dijo que el gobierno reconoció que el fin del Título 42 probablemente "conduciría a una crisis y un aumento temporal de los cruces fronterizos ilegales".
"El gobierno de ninguna manera busca minimizar la gravedad de ese problema", agregó.
"Pero la solución no puede ser extender indefinidamente una medida de salud pública que ahora todos reconocen que va más allá del objetivo que tenía cuando se aprobó".
En la frontera, los gobiernos locales y las organizaciones humanitarias han advertido que ya están sobrecargados y mal preparados para una afluencia adicional de solicitantes de asilo.
En la ciudad tejana de El Paso, por ejemplo, las autoridades declararon la semana pasada el estado de emergencia y establecieron un refugio improvisado con 1.000 camas en el centro de convenciones de la ciudad como parte de un plan más amplio para hacer frente al creciente número de solicitantes de asilo en el calles de la ciudad.
Hablando con la BBC la semana pasada, las autoridades de la ciudad expresaron su preocupación por su impotencia al gestionar un aumento significativo en la cantidad de personas que necesitan alimentos, refugio y ayuda para organizar el transporte hacia Estados Unidos.
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