Cada transacción hay que justificarla y ponerle una razón de movimiento

Pizarrón

The Costa Rica Papers (I)

Panama Papers es el escándalo hecho por el uso de una oficina de abogados, en Panamá, que constituye sociedades para mover capitales e inversiones de capital, a bancos y a paraísos fiscales, con ánimo de evadir pagos tributarios, disminuirlos, antedatar fechas para evadir esos pagos, posibilitar el mover capitales de blanqueo de capitales o mal habidos, desviar capitales por exportaciones ficticias y ocultar propiedad de bienes, en las cuales aparecen líderes políticos y funcionarios públicos mundiales, regionales y costarricenses, así como empresas transnacionales y nacionales, destacadas figuras del espectáculo, el deporte, familiares de esos políticos, y algunas organizaciones y personajes que podrían estar vinculados al terrorismo.
Los datos, en conocimiento público, comprenden más de 40 años de información recolectada de estas offshore, sus movimientos de capital y vinculaciones.
Según lo publicado más de 15.300 compañías fantasma fueron creadas por bancos para ocultar capitales, más de 210 mil entidades transnacionales hay enlazadas con personas en más de 200 países, de los casi 240 que existen.
En estos 11 millones de documentos o archivos aparecen costarricenses directamente mencionados, o sus abogados. Alrededor de 150 mil documentos hay de Costa Rica, correos electrónicos, notas, constitución de sociedades, movimientos de capitales e instrucciones de qué hacer con los dineros que se movilizan.
¿Qué nos puede sorprender de los Panama Papers si tenemos los Costa Rica Papers, que no han sido desnudados?
Todos los días, no exagero si digo cada minuto, en Costa Rica se realizan miles de transacciones, nacionales e internacionales, de transferencias de dineros, en colones por cifras superiores a cinco millones de colones y a diez mil dólares.
Sobre estas transacciones y transferencias, de acuerdo con la legislación penal, antidrogas, de blanqueo de capitales y la tributaria del país, los bancos están obligados a llevar un registro, y así comunicarlo a las autoridades encargadas de ejercer el control del movimiento de capitales en el país y del extranjero, para ver si sus orígenes son buenos o malos, o sujetos de investigación.
Cada transacción hay que justificarla y ponerle una razón de movimiento. Las autoridades encargadas de esta vigilancia deben atenderla y darle el seguimiento debido si fuera sospechosa. ¿Lo hacen? ¿Todas son correctamente justificadas? ¿O tendrán que hackear a estas oficinas para ver si cumplen su función o están comprometidas en el ocultamiento de situaciones irregulares que no denuncian?
Cuando cualquier ciudadano mete en su cuenta de banco o transfiere dineros, en cifras que no alcanzan las anteriores, a otra cuenta de otro banco nacional o extranjero, se ve obligado a justificar dicho movimiento de dinero. Igual si lo saca, para gastarlo en lo que sea, le piden justificar.
Todo el movimiento, depósitos, salidas, transacciones y transferencias, y sus montos, de las cuentas bancarias queda registrado, física o electrónicamente, en los bancos.
Ahí está el registro financiero, de empresas y personas, de los que tienen mucho dinero, y lo mueven al extranjero, o tienen poco para el gasto deducible de tarjetas de débito o crédito, de lo cual también queda registro.
El Ministerio Público, la Fiscalía, la Tributación Directa y la Asamblea Legislativa, y los periodistas de investigación informativa, no tienen que ir a Panamá. Tienen que ir a donde se obligan los bancos a entregar la información de estas transacciones para ver si hay algo irregular.
 

Vladimir de la Cruz

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