Terapias de Conversión: los derechos de la comunidad LGBTIQA+ no pueden seguir siendo moneda de cambio

Desde el 2018, los derechos de la comunidad LGBTIQA+ se han convertido en otra moneda de cambio más. Se negocian acuerdos a favor y en contra de esta minoría con el objetivo de alcanzar consensos en el poder ejecutivo y legislativo tal cual fueran tratados comerciales o un permiso minero. Sin importar la orientación política, de derecha o izquierda, el tema se ha politizado como en pocos países del mundo; no olvidemos que figuras como Fabricio Alvarado jamás habrían salido de su 'iglesia de garaje' si no fuera por haber encontrado en la población LGBTIQA+ un antagonista inquebrantable. Y es que no hay mejor contrincante político que aquel que nunca morirá; además, en este caso, el contrincante carece de voz pública, sin una representatividad tangible, ya sea en la Asamblea o en el ejecutivo, y mientras esto no cambie, los derechos de esta población seguirán siendo violados.

Nadie cuestiona la reinstalación de la pena de muerte o privar de derechos humanos a un sector de la población, pero prohibir las terapias de conversión, una práctica arcaica y perjudicial que ha afectado a miles de personas LGBTQ+ a lo largo de los años, se presta para ser debatida y opinada como si impactara a la totalidad de la población costarricense.

Lo peor de este debate es que la gran mayoría de individuos que sufren estas prácticas, que someten al individuo a métodos coercitivos, manipuladores y, en muchos casos, violentos, son menores de edad; estos menores, en plena formación física y emocional, son violentados por pseudo-profesionales que obtienen un beneficio económico detrás de ello. Quizás aquí radica la obstinada negativa de partidos religiosos a querer pasar la ley, ya que sus bases, pertenecientes a iglesias evangélicas, se verían afectadas. Un profesional, ya sea religioso o psicológico, no se prestaría a aplicar terapias de conversión; aquí recae la importancia de la ley, ya que un profesional brinda guía y acompañamiento, pero: ¿quién está impartiendo las terapias de conversión? ¿Dónde está el estado costarricense protegiendo a estos menores de edad?

La decisión de prohibir estas terapias en Costa Rica es un paso positivo y necesario en la protección de los derechos humanos. Es un reconocimiento de que la orientación sexual y la identidad de género son aspectos fundamentales de la individualidad de cada ser humano y no deben ser objeto de manipulación o coerción externa. Es fundamental que el gobierno, las instituciones educativas y la sociedad en su conjunto trabajen juntos para promover la inclusión, el respeto y la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Esto implica no solo la eliminación de prácticas discriminatorias, como las terapias de conversión, sino también la creación de políticas y programas que promuevan la diversidad y la igualdad en todos los ámbitos de la vida, labor que este gobierno ha deliberadamente pasado por alto. ¡Con los derechos de la comunidad LGBTIQA+ no se negocia!