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El más reciente Informe Estado de la Nación 2025 advierte que la confrontación entre los tres Poderes de la República —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— alcanzó entre 2024 y los primeros meses del 2025 su nivel más crítico en varias décadas.
Según el estudio, este deterioro institucional se debe a una estrategia sistemática de ataques y descalificaciones impulsada desde la Presidencia de la República, que ha debilitado la cooperación entre las instituciones.
De acuerdo con la investigación, durante el periodo 2022-2025, el presidente Rodrigo Chaves Robles y su equipo realizaron 168 conferencias de prensa, que dejaron de ser espacios de rendición de cuentas para convertirse en plataformas de confrontación política.
Lo que antes servía para informar sobre la gestión pública, hoy —según el informe— se utiliza para lanzar críticas directas a otros poderes del Estado, instituciones autónomas, órganos de control y medios de comunicación.
Solo entre mayo de 2024 y abril de 2025, se registraron 464 menciones directas contra actores políticos e institucionales en las conferencias posteriores al Consejo de Gobierno.
El documento destaca que a partir de febrero de 2025, estas alusiones aumentaron de forma notoria, coincidiendo con el inicio del periodo preelectoral y la salida de varios miembros del gabinete para postularse como candidatos a diputaciones en las elecciones del 2026.
Las principales instituciones blanco de estos señalamientos fueron la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, el Poder Judicial y la Sala Constitucional. Mientras que en los primeros meses las críticas se dirigían principalmente a las entidades, con el paso del tiempo se transformaron en ataques personales contra diputados, jerarcas institucionales, periodistas, la Fiscalía General de la República e incluso expresidentes.
El estudio describe este fenómeno como un “control político invertido”: una situación en la que el Poder Ejecutivo, en lugar de rendir cuentas ante la ciudadanía y los demás poderes, asume un papel acusador y fiscalizador, exigiendo responsabilidades a los otros órganos del Estado y a los medios.
“Un punto de quiebre en esta escalada se produjo en marzo de 2025, cuando el Ejecutivo organizó una marcha hacia la Fiscalía General de la República para exigir la renuncia del fiscal general Carlo Díaz Sánchez. En la manifestación participaron el propio mandatario, legisladores oficialistas, jerarcas y exjerarcas ministeriales, así como funcionarios públicos”, dijo El Estado de la Nación, quien califció este hecho como sin precedentes.
“El sistema democrático de Costa Rica se caracteriza por otorgar un papel central, pero no dominante, al Poder Ejecutivo. Para gobernar, es esencial la cooperación con el Legislativo y el Judicial. El debilitamiento de estas relaciones amenaza la estabilidad política y la posibilidad de mejorar la calidad de vida de la población”, explicó Ronald Alfaro Redondo, investigador del Estado de la Nación.
