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Lleva en vigor apenas un mes, pero la polémica no abandona a la nueva ley española conocida como del "solo sí es sí".
Un "agujero legal" en La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que impulsó el sector más izquierdista del gobierno español, ha provocado que la aplicación de la norma tenga una consecuencia indeseada para sus promotores: la reducción de la pena a algunos condenados.
Desde que comenzó a aplicarse, una quincena de agresores condenados con la legislación antigua han obtenido una rebaja automática en sus penas, entre ellos un hombre que abusó sexualmente de su hijastra de 14 años. Tres de ellos han sido excarcelados.
El cambio en el régimen jurídico, que se aprobó tras más de cuatro años de debate, no incluyó una disposición transitoria para acotar los casos susceptibles de revisión de la pena, una especie de reglas que establecen el paso de un Código al otro.
Esta es una disposición que suelen adjuntar las nuevas leyes que modifican el Código Penal español.
La ley de Libertad Sexual ha eliminado la distinción entre abuso y agresión sexual. Ahora, toda interacción sexual sin consentimiento se considera una agresión.
Sin embargo, esta refundición de conductas también ha ampliado el rango de las penas que se aplican a estos comportamientos, que pueden ser muy distintos.
En algunos supuestos, las penas mínimas y las máximas son más bajas.
Esto ha sido aprovechado por los abogados de algunos condenados, que tienen derecho a que su pena se adapte a la nueva ley si esta les resulta más favorable.
Para la ministra española de Igualdad, Irene Montero, de Podemos, el problema radica en que "hay jueces que no están cumpliendo con la ley" por "machismo", y ha pedido que se refuerce la formación en igualdad en el sistema judicial.
Según la ministra, la ley está bien redactada y el problema se encuentra en la aplicación e interpretación de la misma por jueces a los que les falta "perspectiva de género".
La titular de Derechos Sociales y líder del partido izquierdista, Ione Belarra, también ha dicho que los jueces están aplicando "mal" la nueva ley, y ha acusado a una parte de la magistratura de erigirse como "oposición al gobierno de coalición, y especialmente al ministerio de Igualdad".
Ante las críticas, los jueces aseguran que ellos mantienen un compromiso con las víctimas, pero que la nueva ley puede dar lugar a interpretaciones.
El Consejo General del Poder Judicial, conocido como "gobierno de los jueces", ya había advertido en un informe antes de que se aprobara la ley que ésta podría dar lugar a "una revisión de las condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas".
Varias agrupaciones de jueces, entre ellas la Asociación Profesional de la Magistratura, que reúne al mayor número de juristas en España, han pedido la dimisión de la ministra de Igualdad por sus ataques a los jueces y por generar "una alarma innecesaria y devastadora" entre las víctimas.
En el Gobierno de coalición, los socialistas se han abierto a revisar la ley del "solo sí es sí".
"Si hay que abordar una reforma para conseguir un respaldo más sólido a las víctimas, habrá que abordarla", ha dicho la ministra socialista de Educación, Pilar Alegría.
La ley, sostiene, se aprobó para la protección integral de las víctimas.
El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que corresponde a los jueces y fiscales "unificar" la doctrina al respecto.
La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual tiene su origen en el polémico caso conocido como de "la manada", que generó manifestaciones en todo el país y la exigencia de parte de la sociedad española de reformar las leyes para proteger a las mujeres de ataques sexuales y endurecer los castigos para quienes los perpetren.
En este caso, cinco hombres violaron a una joven de 18 años en un portal de Pamplona y fueron condenados a penas de 15 años.
Paradójicamente, la nueva ley podría rebajar la condena de alguno de ellos.
Su abogado ya ha dicho que, a la luz del nuevo código, pedirá la reducción de la pena de al menos uno de los condenados.
La ley se conoce como de "solo sí es sí" por uno de sus postulados más importantes y, a la vez, más polémicos: la del consentimiento antes de cualquier agresión sexual.
"Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona", expone el texto legal.
Esto supone que una agresión sexual no implica necesariamente el uso de la fuerza o que la víctima haya tratado de resistirse.
La nueva norma también castiga el acoso callejero y la violencia sexual digital, entre otros delitos.
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