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Fuerza Pública y municipal serían responsables de hacer cumplir ley antitabaco
Sanción a fumadores, en manos de policía

Sala IV definirá hoy legalidad de aval de diputados

Tanto la Fuerza Pública como los policías municipales serían los encargados de velar por el cumplimiento de la ley antitabaco y multar a quienes la infrinjan.
Dicha responsabilidad recaía sobre el Ministerio de Salud, pero ante la falta de recursos, esa cartera busca una alianza con Seguridad Pública.
La intención es sacar provecho al número de efectivos y así cubrir la mayor parte del territorio nacional.
Los policías junto a un número menor de funcionarios del Ministerio de Salud, serían los responsables de sancionar a los dueños de restaurantes, bares y centros nocturnos que permitan a sus clientes fumar dentro de los establecimientos.
Al mismo tiempo tendrían potestad para multar a los clientes. Los locales enfrentan un castigo de ¢160 mil, mientras que los usuarios uno cercano a ¢31 mil.
También deben velar por que no se realice publicidad de productos de tabaco ni se vendan cigarros sueltos o en cajetillas con menos de 20 unidades.
De momento, esta normativa recibió el lunes pasado el visto bueno de los diputados y solo faltaría que la presidenta Laura Chinchilla sancione y publique la ley en La Gaceta para su entrada en vigor.
No obstante, primero la Sala Constitucional debe pronunciarse, pues minutos antes de que se aprobara este proyecto en el Congreso, los magistrados habían acogido una consulta legislativa presentada por varios diputados del Movimiento Libertario y Liberación Nacional.
Tal acción en teoría suspende el aval legislativo hasta un mes, mientras se resuelve la solicitud de estudio de constitucionalidad presentada.
Esta interrogante se resolvería hoy en la tarde, cuando la Sala IV en pleno se reunirá y se pronunciará al respecto.
En ese sentido, podría dar marcha atrás al segundo debate, o bien impedir que la presidenta Chinchilla sancione la ley hasta que no resuelva por el fondo el asunto.
En el Congreso, quienes apoyan esta ley aducen que en el pasado, los magistrados ya se habían pronunciado por un caso similar, pero durante la votación de las leyes de implementación del TLC con Estados Unidos.
En aquella oportunidad, no echaron marcha atrás al segundo debate, ya que aducían que los diputados no habían sido notificados del acogimiento y era como si no hubiese ocurrido.
De no presentarse mayores inconvenientes, la ley sería publicada en La Gaceta en marzo y estaría funcionando tres meses después, cuando el Poder Ejecutivo tenga listo el reglamento.

Natasha Cambronero
[email protected]


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