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Los derechos constitucionales de intimidad y principio de inocencia fueron violentados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)durante los allanamientos que culminaron con la detención de Marta Esquivel, expresidenta de la CCSS y diputada electa de Pueblo Soberano, en torno al caso Barrenador.
En el fallo, los magistrados señalaron, entre otras cosas, que el OIJ distribuyó de madrugada un boletín informando de la situación entre la prensa, a pesar de que no había concluido el operativo.
Asimismo, señalaron que un medio de comunicación publicó casi de inmediato una nota con el nombre de la funcionaria, su domicilio y una fotografía del edificio.
“Una persona sometida a una investigación penal mantiene su estado de inocencia mientras no exista una sentencia firme, por lo que no debe presentarse ante la opinión pública como culpable ni identificarse de manera inequívoca”, enfatizó la Sala.
Y es que, para los magistrados, la divulgación de datos como el domicilio y la imagen de la residencia excedió el interés público y vulneró sus derechos fundamentales.
La Sala concluyó que el problema no fue informar sobre el caso, sino la forma en que se divulgó la información, ya que el OIJ no protegió adecuadamente los datos del operativo, exponiendo a la persona no solo por la investigación, sino también por las actuaciones policiales y judiciales.
Uno de los temas que más generó polémica fue el traslado de Esquivelen una clásica perrera del OIJ, sin importar que no era una criminal.
El caso se remonta a septiembre de 2024.
Debido a que supuestamente se creó un sistema corrupto para favorecer a varias cooperativas, los investigadores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) nombraron a la investigación que realizan sobre la CCSS como “caso Barrenador”.
En este caso, la analogía surge porque los huevos del gusano se comen el sistema y al huésped, lo cual sería básicamente lo mismo con la CCSS y las cooperativas supuestamente favorecidas.
Al parecer, los directivos debilitaron desde adentro los controles de laCCSS, lo que terminó en un presunto sobreprecio de un 33 % en la adjudicación de contratos a cooperativas para la operación de Ebáis.
