Sala IV gasta ¢54 millones al mes en alquiler: diputada de Pueblo Soberano pide cuentas
El alquiler anual supera los ¢650 millones y la legisladora quiere saber cuántos funcionarios trabajan presencialmente
Cortesía/La República
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Los costarricenses pagan más de ¢650 millones al año por el alquiler del edificio que alberga a la Sala Constitucional, un gasto que cuestiona la diputada de Pueblo Soberano, Nayuribe Guadamuz.
La legisladora envió este miércoles una solicitud formal de información a Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de esclarecer la situación.
La denuncia se da en momentos en que el Poder Judicial reclama al gobierno el recorte de unos ¢16 mil millones este año y de más de ¢20 mil millones en 2027.
En ese sentido, la legisladora quiere saber cuántos funcionarios de la Sala IV trabajan de forma presencial, en teletrabajo o en modalidad mixta, y si existen áreas del edificio que se encuentran sin ocupar o con ocupación parcial.
Por otra parte, este mediodía, la mandataria Laura Fernández señaló que, mientras ella sea presidenta, no permitirá que haya “un desangramiento de los recursos públicos”.
La presidenta cuestionó una vez más el gasto público del poder judicial, a la vez que lamentó que los altos jerarcas de esa institución no participaran esta semana una reunión de coordinación para atender el tema de seguridad en la cual no participaron.
Impacto en la justicia
A inicios de esta semana, los altos jerarcas de la Corte Suprema de Justicia se refirieron a las intenciones del Ministerio de Hacienda de recortar el gasto público.
En ese sentido, alertaron de limitaciones para realizar operativos del OIJ, imposibilidad de adquirir licencias de software y plataformas para el análisis criminal, afectación en la atención y protección de víctimas, restricciones para contratar intérpretes, así como la reprogramación de juicios y la suspensión de diligencias judiciales, que serían algunas de las consecuencias.
“Este monto se suma a los ¢13.220 millones que la Corte Plena acordó ceder el pasado 27 de junio, tras advertir que esa era la máxima cantidad que podía entregarse sin generar un impacto drástico en los servicios y el funcionamiento institucional”, dijo la Corte, por lo que en total serían más de ¢16 mil millones.
