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En el caso de que se le encuentre culpable por el delito de beligerancia política, el presidente Rodrigo Chaves podría ser sancionado con la inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo que oscilaría entre dos y cuatro años.
De esta forma, los planes de la candidata oficialista Laura Fernández de nombrarlo como ministro de la Presidencia al término de la actual administración fracasarían.
Esto implicaría también, que Chaves perdería la inmunidad a partir de mayo y, con eso, tendría que enfrentar la causa penal por el delito de concusión que le sigue la Fiscalía y que, básicamente, es un supuesto acto de corrupción.
Por otra parte, la ley electoral establece como posible castigo la destitución inmediata del cargo de los funcionarios condenados por el delito de beligerancia política, por lo que existe la posibilidad, aunque sea remota, de que este sea el caso de Chaves durante los próximos siete meses que le quedan de gestión.
De concretarse cualquiera de las dos sanciones, sería la primera vez en la historia que un presidente de la República es sancionado en el ejercicio del cargo.
La decisión de avanzar o no con el proceso depende del respaldo de 38 legisladores.
“Nuestro compromiso es permitir que las instituciones funcionen. Si el levantamiento de la inmunidad es requerido para que el TSE pueda abrir el procedimiento sancionatorio ordinario y esclarecer los hechos, debemos allanar ese camino siempre dentro del marco constitucional. Actuaremos con responsabilidad, apertura a la prueba y respeto al procedimiento”, dijo Óscar Izquierdo, jefe del PLN en la Asamblea Legislativa.
El castigo por supuesta beligerancia política toma relevancia luego de que este martes se diera a conocer que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitó a la Asamblea Legislativa quitar el beneficio de inmunidad al mandatario.
La institución investiga un supuesto delito de beligerancia política, que en esencia implica usar fondos públicos o recursos del Estado para favorecer la elección de un partido o candidato en específico.
La ley electoral exige al mandatario una completa objetividad en el proceso electoral, por lo que ordenó hace una semana suspender las conferencias de prensa del Consejo de Gobierno y abstenerse de emitir cualquier mensaje por medio de las redes sociales.
Sin embargo, las denuncias en contra del mandatario vienen desde hace años.
En ese sentido, el expediente que investiga el TSE agrupa 15 de las 24 denuncias en trámite en contra del presidente de la República sobre este tema.
Esto implica que el Congreso debe conformar una nueva comisión, analizar el tema y tomar una decisión en el plenario.
Durante el mes de septiembre, los diputados conocieron un proceso de levantamiento del fuero de inmunidad similar contra el mandatario por el supuesto delito penal de concusión.
Sin embargo, varios diputados del PUSC no dieron sus votos y, con ello, Chaves se salvó de la causa que le sigue el Ministerio Público.
El expediente en investigación por beligerancia incluye reclamos de líderes de diversos partidos, entre ellos Allen Alexander Solera Cordero y Ricardo Sancho Chavarría del Partido Liberación Nacional; José Fabián Solano Fernández de Acción Ciudadana; Johana Obando Bonilla, diputada independiente; y Claudio Alberto Alpízar Otoya de Esperanza Nacional, entre otros.
“Nos parece muy oportuno que el Tribunal Supremo de Elecciones tome acción y finalmente envíe un expediente conjunto de las muchas denuncias que hay contra el señor presidente por beligerancia, para que sea conocido en esta Asamblea Legislativa y valorar si hay las condiciones para levantar el fuero y que responda ante este irrespeto a las reglas del juego de nuestro proceso electoral”, dijo Rocío Alfaro, legisladora del Frente Amplio.
Sobre este tema, Pilar Cisneros, jefe de fracción del oficialismo en la Asamblea Legislativa, señaló que la solicitud del levantamiento de la inmunidad contra Chaves no es otra cosa que un nuevo intento de los mismos de siempre por desprestigiar al presidente.
Para Cisneros, el TSE está a las órdenes de los partidos tradicionales corruptos.
“Esta es una prueba más de cómo funciona la institucionalidad de la casta política que ha dominado a sus anchas a este país en beneficio propio. Ahora sí cabe preguntarse, ¿estaremos ante un intento de golpe de Estado institucional contra el presidente más popular de la historia de Costa Rica? ¿Por qué no puede el TSE seguir investigando sin levantarle el fuero al presidente Chaves? ¿Cuándo antes han actuado con esa celeridad pasmosa? Recuerde, costarricense, que las sanciones del TSE son inapelables y piden levantarle el fuero a Chaves, no para valorar la prueba, sino para abrir el proceso sancionatorio; es decir, el castigado no tiene ninguna posibilidad de recurrir el castigo”, dijo Cisneros.
