Rodrigo Chaves denuncia persecución política del fiscal general Carlo Díaz
Caso Aldesa lleva nueve años y Ministerio Público no eleva a juicio la investigación
El presidente Rodrigo Chaves acusó al fiscal general, Carlo Díaz, de utilizar el sistema judicial para amedrentar al Ejecutivo y a su círculo cercano.
El mandatario asegura que la rapidez con que se armó el expediente en su contra por el supuesto delito de concusión, contrasta con la inacción en casos de alto impacto económico, lo que califica como una “persecución política”.
Chaves señaló como ejemplo el caso Aldesa, en el que, según dijo, “hay una pequeña estafa de 250 millones de dólares, por lo menos, alegada por cientos de inversionistas y ahorrantes” y que, pese a nueve años de investigación, “vive el sueño de los justos” sin que se eleve a juicio.
“Ahí no hay procedimientos especiales y el fiscal tiene la desfachatez de decir que es un caso muy complejo que no ha podido construir, pero el mío lo construyó en días”, reprochó el presidente.
La disputa se da luego de que el fiscal general negara categóricamente que el proceso judicial contra Chaves tenga motivaciones políticas.
Durante su comparecencia en la comisión legislativa que analiza retirarle la inmunidad para que enfrente un juicio, Díaz afirmó que la acusación es el resultado de “una investigación objetiva, como se realizaría contra cualquier ciudadano”.
El jerarca del Ministerio Público sostuvo que el expediente cuenta con “abundante material probatorio”, incluyendo audios, documentos y testimonios, y subrayó que se trata de un ejercicio legítimo de control en el marco de la división de poderes.
La investigación judicial se centra en una presunta contratación “a la medida” para beneficiar a la empresa RMC La Productora S.A. (Nocaut) por más de $400 mil durante el actual mandato presidencial.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Chaves y el entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, habrían intervenido para favorecer al empresario Christian Bulgarelli Rojas, a cambio de que este entregara $32 mil a Federico Cruz, asesor y amigo del mandatario, también imputado.