Reforma tributaria 2026

Los resultados fiscales que dejó el ministro de Hacienda pasado, ahora diputado del partido mayoritario, en el escritorio del otrora presidente, ahora ministro de Hacienda, muestran una situación compleja que debe resolverse lo más pronto posible.

La recaudación fiscal cayó. El gasto público no se ha reducido y las exenciones siguen drenando la caja del Estado. El Fondo Monetario Internacional nos volvió a alertar, como quien cuida a un niño incapaz de velar por sí mismo, sobre la urgente necesidad de adoptar medidas.

Otra alerta gravísima: el alto nivel de deuda en relación con el Producto Interno Bruto.

Es mediante el endeudamiento que la situación tributaria actual se ha sostenido. En otras palabras, la fiesta de los “buenos” resultados fiscales tenía que ser pagada por alguien; en este caso, se pagó a punta de deuda.

Tratemos de entender, al menos conceptualmente, que está pasando en cada una de las tres áreas críticas. Tratemos de identificar las características que, posiblemente, deberá incluir la reforma fiscal anunciada al inicio de la administración Fernández.

El peso de la regla fiscal y el pacto quebrado

Remontémonos a los dos pilares de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que entró en vigor en 2019.

Aquella reforma que introdujo aspectos de orden estructural al sistema tributario costarricense tenía como contrapartida —con la que se hizo viable su aprobación en el sector privado— el cumplimiento de una regla fiscal que garantizaba el compromiso del Poder Ejecutivo de amarrarse la faja propia y la de muchas instituciones descentralizadas, para ejercer una vigilancia estricta del gasto público.

Este compromiso con la regla fiscal se fue deteriorando casi desde su entrada en vigor, ya que las instituciones, al más puro estilo de toreros, capotearon la responsabilidad, reduciéndola a un mínimo de cumplimiento. Este aspecto no solo hizo que el pacto social (que llevó al sector privado a aceptar una mayor carga tributaria) se quebrara, sino que los números simplemente no arrojan los resultados esperados.

Dicho a la tica, nos metieron “diez con hueco”.

El resultado de aquella reforma —una de las más profundas de los últimos años— por supuesto que no se logró. Además, ha habido eventos posteriores que han erosionado las bases imponibles de los contribuyentes tanto en el IVA como en la renta.

De igual manera, conforme se iban zafando los obligados a la regla fiscal de la misma, la mejora esperada de aquella reforma se fue haciendo cada vez menos eficiente y eficaz.

Consecuencias macroeconómicas y tipo de cambio

El aumento del endeudamiento público, principalmente en los últimos cuatro años, acarreó consecuencias como presiones a la baja del tipo de cambio, cuya incidencia en la lectura de las cifras macroeconómicas no es coherente con la realidad que viven las empresas internamente ni con la de los bolsillos de los consumidores finales.

Una economía con una alta proporción de servicios orientados al mercado internacional (tanto en las empresas del régimen de zona franca como en las que están en el régimen fiscal general, así como en el turismo) implica que, por las políticas cambiarias —apreciación del colón costarricense—, se dé una baja importante en la base imponible de los impuestos indirectos y del impuesto sobre las utilidades de las empresas.

Un disparo en los pies a la Hacienda Pública, ya que mantener una cantidad importante de los costos y gastos en moneda local evidentemente reduce la rentabilidad de las empresas y hace que el valor agregado (diferencia entre créditos y débitos fiscales del IVA) se traduzca en una menor recaudación total, desde el primer eslabón de la cadena de valor en las importaciones hasta la liquidación del impuesto al consumidor final.

Posibles medidas de la nueva reforma

De momento lo que ha transpirado respecto de los posibles aspectos a considerar en la reforma son aspectos altamente sensibles:

• Evasión y fiscalización: El viceministro de ingresos señala que uno de los factores que ha provocado la caída de los ingresos es un presunto aumento de la evasión fiscal.

Este puede ser uno de los disparadores de la pretensión de modificar el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en particular, la participación del juez en el proceso de solicitud de información de trascendencia tributaria, a fin de contrastar los medios dinerarios con las realidades económicas declaradas.

Desde la primera ocasión en que el ministro Chaves estuvo en Hacienda tenía esa pretensión.

• Presión sobre los impuestos vigentes: Se habla de no crear nuevos impuestos, pero eso no significa que no se aumente la presión fiscal sobre los impuestos vigentes.

Tanto en materia de renta como en la de IVA, en particular, es claro que se pretende una barrida más o menos profunda de los regímenes de exención, tanto en la imposición directa como en la indirecta.

Tanto los informes de la OCDE como los del FMI han puesto de manifiesto que las exenciones presionan el gasto público. Veremos cómo se preparan los posibles sectores que se verán directamente afectados.

Los aspectos por revisar en las exenciones son diversos, tanto en materia del impuesto sobre la renta y las cargas parafiscales, así como su incidencia en la competitividad, tan comprometida en los sectores más sensibles como los de turismo y exportación (vista la combinación mencionada en la rentabilidad como consecuencia del tipo de cambio).

El IVA, la renta y el impacto en el consumo

Por otra parte, se habla de la posibilidad de uniformar la tarifa al 13% incluso en la canasta básica. Debemos prestarle muchísimo cuidado al tema, por la sensibilidad de la capacidad de compra de los consumidores, especialmente de los de estratos de menor ingreso relativo.

Se retomaría una idea anacrónica de devolución del IVA para estos sectores, lo que haría necesario crear más mecanismos de carácter burocrático para atenderla.

El hecho de que estos sectores deban pagar el impuesto al adquirir los bienes y esperar a una supuesta devolución posterior genera una reducción inmediata y significativa de su capacidad de compra. Tendrá un efecto recesivo sobre los vendedores y generará una distorsión en contra de la deseada consecuencia de aumentar la recaudación.

Aunque el impuesto sobre la renta es una carga propia de cada contribuyente y se conceptualiza como un impuesto directo no trasladable jurídicamente al resto de los agentes económicos, lo cierto es que, dependiendo de las características de la demanda, el impuesto tiende a trasladarse económicamente mediante un mayor precio.

Esto puede llegar a estimular, junto con el aumento de la imposición del IVA a tarifa plena, un incremento de las variables inflacionarias y sus consecuencias, que se traducen en la desmejora de las condiciones de bienestar general de la economía y de las personas consumidoras.

Un escenario de prueba de estrés empresarial

Plantear una reforma fiscal es complejo, en especial una que sea acorde con la realidad concreta de la economía y, a la vez, conteste a la narrativa de bienestar con la que las autoridades del Ministerio de Hacienda anterior presentaron las cifras fiscales.

No se ha dicho de forma frontal aún, pero debemos recordar que hace cuatro años el actual diputado, entonces ministro de Hacienda, presentó el proyecto de ley para la creación del impuesto de renta global, en contraste con el histórico impuesto de renta cedular.

No sería de extrañar que se desempolvara esa iniciativa y que fuera parte de la reforma fiscal que urge para parar el sangrado de las finanzas públicas, convirtiéndolo en sangrado de las finanzas personales y empresariales de los costarricenses.

Habrá que esperar para ver qué planteamientos adopta el Ejecutivo. Lo cierto es que en el Congreso cuenta con la mayoría suficiente para aprobar su reforma.

Lo que sí debemos tener todos claro es que este es un año de reforma y, por ende, de retomar los esquemas de operación y de organización empresarial y personal para someterlos a una prueba de estrés. Revisar lo que hasta hoy funciona, para medir su sostenibilidad ante posibles cambios y una intensificación administrativa de fiscalizaciones bajo una nueva dirección que se espera sea funcional.