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Un empresario prófugo que embaucó por millones de dólares a la marina de Estados Unidos se encuentra entre los prisioneros que Venezuela intercambió por Alex Saab, el cercano aliado del presidente Nicolás Maduro que estaba encarcelado en Miami bajo cargos de conspiración para blanquear dinero.
Conocido como “el gordo Leonard”, el notorio multimillonario y excontratista militar fue extraditado como parte de un intercambio de prisioneros entre Venezuela y Estados Unidos, confirmó la Casa Blanca.
El empresario de origen malayo, cuyo nombre verdadero es Leonard Glenn Francis, fue el autor intelectual de un fraude de US$35 millones contra la Marina de EE.UU. Se había fugado de su detención domiciliaria en EE.UU. en 2022.
Diez ciudadanos estadounidenses que se encontraban encarcelados en Venezuela también fueron puestos en libertad como parte del acuerdo.
Francis, el preso de más alto perfil involucrado en el acuerdo de intercambio, fue detenido en septiembre de 2022, cuando estaba a punto de abordar un vuelo desde Venezuela a Rusia, en su intento de eludir las autoridades estadounidenses.
Dos semanas antes, el empresario malayo se había fugado de su arresto domiciliario en California, donde estaba detenido tras reconocer su participación en un extenso fraude que le costó a EE.UU. decenas de millones de dólares e implicó a varios oficiales de la marina.
Los fiscales dicen que Francis usó su empresa basada en Singapur, que tenía contratos para prestar servicio a las embarcaciones de la flota naval de EE.UU., para defraudar a la marina, al tiempo que sobornaba a los oficiales con dinero en efectivo y regalos.
Los documentos presentados ante el tribunal como parte de su sentencia de conformidad acusaban a Francis de sobornar a más de 30 funcionarios, incluyendo a más de 20 oficiales de la marina para ganar contratos lucrativos para su empresa Glenn Defense Marine Asia Ltd, basada en Singapur.
Según el Departamento de Justicia, atiborró a los oficiales navales con millones de dólares en regalos, que incluían viajes suntuosos, “alcohol y vino de primera”, lechones españoles, habanos y acceso a servicios de prostitución.
El empresario también reconoció que había cobrado en exceso al Pentágono por servicios inventados. En total, los fiscales afirmaron que estafó a la marina en US$35 millones, catalogado como uno de los mayores fraudes en la historia de esa fuerza naval.
A cambio, los oficiales entregaron documentos clasificados y otro material sensible a la empresa de Francis, que tenía un contrato para reabastecer y prestar servicio a la flota naval en Asia.
Francis fue arrestado inicialmente en 2013 y se declaró culpable de haber ofrecido US$500.000 en sobornos en 2015.
Al desprestigiado empresario se le permitió tener casa por cárcel debido a su pobre estado de salud en ese momento. Según su sentencia de conformidad, recibiría atención médica para un cáncer de riñón, a cambio de mantener una vigilancia privada y cooperar con el Departamento de Justicia.
Se dice que Francis aportó evidencia incriminatoria contra cientos de funcionarios y oficiales de la marina.
El periodista Tom Wright, que hizo un podcast con el empresario titulado “El gordo Leonard”, dijo a la BBC que Francis había hecho “enormes cantidades de dinero” después de los ataques de 11-Septiembre sobrecargando sus facturas a la marina de EE.UU.
Wright añadió que Francis había accedido a colaborar con el podcast porque estaba “furioso” por lo que él consideraba era un encubrimiento. “Almirante tras almirante que estuvieron implicados con él no fueron enjuiciados criminalmente. En EE.UU. fueron los oficiales de menor rango [los que fueron enjuiciados]”.
El 4 de septiembre de 2022, semanas antes de su sentencia, Francis cortó y se deshizo del grillo electrónico que tenía puesto alrededor del tobillo y que monitoreaba sus movimientos.
Abandonó su casa y logró cruzar la frontera con México, donde tomó un vuelo a Cuba, pero las autoridades no le permitieron quedarse en la isla. Así que viajó a Venezuela.
Allí, solicitó asilo en la embajada de Rusia en Caracas. Todavía no había recibido respuesta de Moscú, cuando fue interceptado intentando abordar un vuelo a ese país el 20 de septiembre de 2022.
Estados Unidos buscó reclamar al empresario prófugo, pero con las cercenadas relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas, Francis se encontraba en un limbo legal, hasta que se negoció el canje que resultó en su extradición.
En un comunicado, el presidente Joe Biden dijo que Francis ahora será “sentenciado por su principal participación en un caso de soborno descarado y corrupción”.
Por ahora no se ha fijado una fecha para la sentencia que antes contemplaba 25 años de cárcel, con una reducción sustancial por haber cooperado con la fiscalía. Pero tras su fuga e intento de burlar a las autoridades estadounidenses, posiblemente no cuente con mucha indulgencia.
Haciendo alusión a los otros ciudadanos liberados por Venezuela, el presidente Biden añadió: “Estoy agradecido de que sus calvarios hayan terminado y que estas familias estén completas una vez más”.
La Casa Blanca dijo que entre los liberados se encontraban Joseph Cristella, Eyvin Hernández, Jerrel Kenemore y Savoi Wright.
Considera que estos seis de los 10 estadounidenses liberados por Venezuela fueron “indebidamente detenidos”.
La Casa Blanca también reveló que Caracas había aceptado poner en libertad a 20 prisioneros políticos venezolanos, así como al opositor Roberto Abdul, y que se había comprometido a suspender las órdenes de arresto contra otros tres venezolanos.
Esta no es el primer intercambio de prisioneros que acuerdan Venezuela y Estados Unidos.
En octubre de 2022, el gobierno venezolano puso en libertad a siete ciudadanos estadounidenses encarcelados a cambio de la liberación de dos sobrinos de la esposa de Maduro.
Conocidos como los “narco sobrinos”, los dos hombres cumplían sentencias de 18 años por intentar traficar cocaína a EE.UU.
Las relaciones entre los dos países se relajaron aún más en octubre de este años cuando Washington suavizó las sanciones contra el país sudamericano a cambio de que el presidente Maduro aceptara a los observadores internacionales monitorear las elecciones presidenciales del año entrante.
Grupos de derechos humanos en Venezuela reaccionaron a la noticia del canje exigiendo la liberación de casi 300 personas encarceladas que ellos denominan prisioneros políticos.
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