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Si los diputados quieren, pueden fiscalizar de manera exhaustiva las cuentas de las universidades públicas, ya que no hay nada que esconder o disimular, de acuerdo con el Consejo Nacional de Rectores (Conare), que no se opone a una investigación legislativa.
Eso sí, solo piden que el análisis “se sustente en información objetiva, verificable y técnicamente fundamentada”.
La reacción de las universidades estatales se da a conocer luego de que el partido Pueblo Soberano anunciara la presentación de una moción en la Comisión de Ingreso y Gasto del Congreso para fiscalizar el gasto estatal.
“El compromiso de las universidades públicas es con la legalidad, la transparencia, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la rendición de cuentas ante la ciudadanía”, aseveró Jorge Herrera Murillo, presidente de Conare y rector de la Universidad Nacional de Costa Rica.
En un comunicado de prensa, Conare señaló que “lejos de eludir el escrutinio de los órganos de control del Estado, las universidades han atendido de manera sistemática los procesos de fiscalización y las recomendaciones emitidas por las instancias competentes”.
“Las universidades públicas mantenemos una actitud de apertura al diálogo, al escrutinio de los órganos competentes y a la construcción de consensos que fortalezcan las instituciones democráticas. Ese compromiso ha permitido consolidar una gestión responsable, transparente y orientada al interés público, en beneficio de la sociedad costarricense”, aseveraron.
Por su parte, Gonzalo Ramírez, diputado de Pueblo Soberano, manifestó su preocupación por presuntos gastos excesivos con recursos públicos y posibles malas inversiones, por lo que considera necesario esclarecer a profundidad el manejo de los fondos que reciben las casas de enseñanza superior.
Entre las cosas que mencionó estuvo el gasto millonario en almuerzos por parte de algunos altos jerarcas universitarios, los cuales serían pagados con dinero estatal.
“Los recursos públicos no pueden ser usados como una piñata y menos en nuestras universidades. Durante las últimas semanas, los costarricenses conocimos una serie de reportajes que revelaron gastos realizados por autoridades universitarias en alimentación, restaurantes y actividades de representación con recursos públicos. Esas publicaciones generaron una pregunta legítima que hoy miles de ciudadanos se hacen”, señaló Ramírez.
El diputado agregó que la principal interrogante es si los recursos aportados por los contribuyentes están siendo utilizados de manera adecuada.
La propuesta surge en un momento en que el financiamiento de las universidades públicas se encuentra bajo la lupa del nuevo Gobierno.
Con el cambio de administración, las universidades estatales no deberían esperar incrementos en su presupuesto, a menos que estén dispuestas a impulsar una redistribución profunda del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
La presidenta Laura Fernández advirtió previamente a los rectores que la disciplina fiscal será uno de los ejes de su gestión, por lo que, en el escenario más conservador, el presupuesto universitario podría permanecer congelado durante los próximos cuatro años.
No obstante, la mandataria ha señalado que el FEES podría crecer por encima de la inflación, siempre que se prioricen las carreras con mayor demanda laboral, principalmente las que imparten el Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN).
Para 2026, el FEES ascendió a ¢593 mil millones, equivalente al 21% del gasto total destinado a educación.
