“Pensiones de lujo no son la causa principal de la crisis”, Álvaro Ramos

¿Son las pensiones de lujo el origen de la crisis que enfrentan los regímenes o se les ha dado una responsabilidad mayor a la que tienen? Esta fue una de las dudas que evacuó Álvaro Ramos, superintendente de Pensiones, en una conversación con LA REPÚBLICA.

¿Cuáles son algunas de las percepciones erróneas que se tienen aún en el país sobre el tema de pensiones?

Existe la idea errónea de que las pensiones de lujo son la principal causa de la actual crisis de sostenibilidad. Por ejemplo, el IVM cuenta con problemas de sostenibilidad pese a no tener pensiones percibidas como de lujo.

Debemos establecer principios que guíen la discusión pública en torno a las pensiones de lujo, como que los beneficios deben guardar estrecha relación con las contribuciones.

Además, si bien el Estado debe tener un rol subsidiario en el sistema de pensiones, no debe ser el principal proveedor de los recursos financieros para su sostenimiento, en particular, en la actual coyuntura de consolidación fiscal.

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Tomó notoriedad en las últimas semanas el querer destinar ¢12 mil millones que se ahorrarían de pensiones de lujo a programas para combatir la pobreza, ¿qué opina de esto?

El pago de pensiones es uno de los principales egresos del Presupuesto Nacional (con ¢1,1 billones presupuestados en el 2020), por lo que los ahorros que se generen en este rubro podrían ser utilizados para disminuir las necesidades de endeudamiento del Gobierno.

Si se desean redireccionar los recursos a programas para combatir la pobreza, las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) están pensadas para eso, y el monto redireccionado equivaldría a más de 12 mil pensiones del RNC.

¿Cuál es su opinión de que los nuevos pensionados de los siete regímenes se trasladen al IVM de la Caja?

La forma en que se realice determinará a quién afectará o beneficiará; por ejemplo, se podrían trasladar todos los aportes realizados por los afiliados hasta ese momento, o se puede trasladar solo el monto acumulado equivalente al porcentaje de cotización del IVM (10,66% de cada salario cotizado), y devolver el monto restante, o colocarlo en un fondo de pensión complementaria.

De aplicarse el primer criterio, existiría una afectación a los afiliados de regímenes que contribuyeron un porcentaje más alto de los salarios, por lo que el porcentaje cotizado por encima del 10,66% sería “donado” a los afiliados del IVM y no se vería reflejado en el mismo grado en sus beneficios, monto de pensión, por ejemplo.

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Optar por la segunda vía, dada la deteriorada situación del IVM, afectaría los niveles de sostenibilidad de este régimen, puesto que se incrementarían de un día para otro los afiliados con sus cotizaciones históricas insuficientes.

Se debe tomar en cuenta el impacto que existiría en las finanzas del Estado en relación con las pensiones actuales concedidas por estos regímenes, puesto que sus titulares ya cuentan con beneficios que requieren mayor financiamiento que los concedidos por el IVM.