Tribunales decidirán uso de normas NIIF para grandes contribuyentes
Colegio de Contadores considera que Hacienda invade competencias que legalmente le corresponden
Tras analizar el tema y determinar que hay extralimitaciones por parte de Hacienda, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica acudió a la vía judicial para evitar nuevos requisitos contables para las empresas clasificadas como grandes contribuyentes.
El reclamo fue presentado ante el Tribunal Contencioso Administrativo y pretende dejar sin efecto una resolución de Hacienda que exige a estas empresas implementar las NIIF Completas a partir de enero de 2027.
Según el Colegio, la disposición cuestionada excede las atribuciones de Tributación, debido a que una resolución administrativa no puede establecer obligaciones adicionales ni asumir potestades que el marco legal asigna expresamente al Colegio de Contadores Públicos.
Para el gremio profesional, la selección de los estándares financieros debe obedecer a criterios profesionales y técnicos, por lo que la clasificación de una empresa dentro de una categoría tributaria no debería determinar automáticamente el marco contable que está obligada a utilizar.
“Como entidad responsable de la adopción de las Normas NIIF de Contabilidad y de la Norma de Contabilidad NIIF para las Pymes en el país, el Colegio considera esencial que su aplicación se ajuste a los requerimientos y disposiciones establecidos en dichos marcos normativos. La selección de una norma contable debe responder a criterios técnicos y profesionales, no a una categoría tributaria”, señaló Francisco Ovares, presidente del Colegio de Contadores Públicos.
El Colegio señala que la condición de Gran Contribuyente Nacional no constituye, por sí misma, un criterio técnico que justifique la obligación de utilizar las Normas NIIF de Contabilidad.
“La clasificación tributaria, el volumen de ingresos o el tamaño de una actividad económica no determina automáticamente cuál marco de información financiera corresponde aplicar a una entidad”, añadió Ovares.
El Colegio considera que el artículo 2 de la resolución cuestionada invade competencias que legalmente le corresponden.