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¿Para qué sirve el dinero? Para hacer más dinero.

Vladimir de la Cruz vladimirdelacruz@hotmail.com | Martes 24 octubre, 2017


Pizarrón

¿Para qué sirve el dinero? Para hacer más dinero.

Los partidos políticos, tal y como ahora los conocemos y vemos actuar, en procesos electorales nacionales, surgieron desde 1890. Antes de esta fecha no existían, pero había política, había procesos electorales y había candidatos que se regulaban, para su actuación y participación, con leyes de esa época, bastante excluyentes. Quienes tomaban decisiones políticas antes de esta fecha apenas eran un 0,3% de la población que la constituían los llamados “electores”. Así funcionaba la democracia nacional en esa época.

Desde 1890, solamente por medio de partidos políticos podían aspirar a puestos de elección popular quienes querían hacerlo. Con la existencia de los partidos políticos se perfeccionaron la participación, la democracia y el control de la escogencia de los posibles candidatos a puestos de elección popular, porque quedó en manos de los partidos políticos y sus dirigencias su nominación.

Los partidos políticos desde entonces se desarrollaron con pactos, realizando pactos, acuerdos. Los resultados electorales hasta 1948 se pasaban al Congreso de la República para que los ratificara, pudiendo no hacerlo, lo que obligaba a una gran negociación política para ratificar los resultados aun cuando fueran contundentes.

Por otra parte, los designados a la Presidencia, los equivalentes hoy a los vicepresidentes de la República, eran nombrados por el Congreso, con lo cual se exigía de nuevos procesos de conversación intensos, de pactos y acuerdos, de negociaciones sobre los posibles designados.
Los partidos políticos así fueron evolucionando como los instrumentos más importantes para el ejercicio de la acción política. Los pactos, las negociaciones y los acuerdos eran lo cotidiano, los llegaron a hacer todos los partidos políticos y sus dirigentes. En la década del 40 la Iglesia, los comunistas y el gobierno hicieron un gran pacto, el de las garantías sociales y el Código de Trabajo. El fin de la Guerra Civil de 1948 resultó de tres pactos, el de Ochomogo, el de la Embajada de México y el pacto Ulate Figueres.

La vida política transcurrió con bastante normalidad y estabilidad, exceptuando los años de la dictadura de Tinoco, 1917-1919, y los de la Junta de Gobierno, 1948-1949, cuando los procesos electorales se interrumpieron.

Grandes líderes y unos pocos partidos dirigían la política y el país.

Después de 1948, y hasta 1970 en la práctica, al proscribir al Partido Comunista de Costa Rica, o Vanguardia Popular, se sentaron las bases del bipartidismo nacional, donde se desarrollaron dos pilares, el Partido Liberación Nacional, que empezó a participar en elecciones desde 1953, ganando nueve veces la Presidencia de la República, y frente a Liberación Nacional, se desarrollaron partidos que participaban en elecciones y que lo derrotaron cuando lograban coaliciones como en 1958, con Mario Echandi, en 1966 con José Joaquín Trejos, y en 1978 con Rodrigo Carazo. Al fusionarse la coalición de 1978, y dar origen al Partido Unidad Social Cristiana, este constituyó el partido que hasta 2014 había logrado alternar en el Poder Ejecutivo con Liberación Nacional, logrando la Presidencia en 1990, 1998 y 2002.

Durante estos años, desde 1949, los pactos siguieron haciéndose a nivel parlamentario y del Poder Ejecutivo. Pactos para aprobar leyes, pactos para realizar nombramientos de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones, para facilitar la gobernabilidad.

En 1969 se estableció, como resultado de estos pactos, entre los dos grandes partidos, dividirse también la participación y el control de las juntas directas de las instituciones del Estado. Así se llegó a la fórmula llamada 4-3, con la cual, los dos partidos que sacaban más votos se repartían los nombramientos 3 a 3 y el partido que asumía el Gobierno nombraba uno más, con lo cual quedaba el partido gobernante con 4 miembros y el opositor más grande con tres. Con la facilitación de la gobernabilidad se pactó la facilitación de los negocios para las partes que pactaban. Así se ha estructurado el Estado costarricense y sus instituciones.

Si algo ha salido mal, en el funcionamiento de estas juntas directivas surgidas del pacto bipartidista de 1969, la responsabilidad política directa es de los partidos que han nombrado, por acuerdo bipartidista, por medio del Consejo de Gobierno, a sus directivos.

En la década del 70, especialmente, se constituyó un grupo empresarial muy fuerte en el país con influencia política, y se desarrollaron políticos muy importantes con grandes intereses en el sector económico empresarial y financiero. Políticos y empresarios, empresarios y políticos era el binomio del ejercicio de la política y de la vida económica nacional.

Se ve con extraordinaria claridad cuando en las juntas directivas están representantes directos del capital empresarial, quienes han sido hasta sus voceros, sus asesores jurídicos o socios empresariales.

Aquí empezó a embarrialarse la cancha política en la vida nacional, hasta los sucesos que hoy ya poco asombran a los costarricenses, y que tan solo sorprende que la rosca de este funcionamiento, que adquiere formas corruptas, haya alcanzado al Partido Acción Ciudadana, y haya pringado a otros partidos tradicionales no en el gobierno aunque si en la Asamblea Legislativa, a altos funcionarios de ellos o dirigentes, figuras públicas en el Poder Ejecutivo, el Legislativo, la Corte, la Fiscalía General de la República, a los bancos en sus juntas directivas. ministros, diputados y directivos bancarios, el propio presidente atollado por declaraciones de los investigados en negocios bancarios.

Desde la década del 70 los principales partidos pasaron a ser maquinarias empresariales y de negocios. Dejaron de ser instancias democráticas del ejercicio político ciudadano. Usaron las instancias políticas, las electorales, las de representación popular, para llevar en sus puestos a los representantes de estos empresarios, a sus voceros y representantes, y a sus lobistas, para los grandes negocios que les interesan.

Los pactos políticos del pasado, sobre grandes proyectos nacionales, hoy los han convertido en los pactos de negocios oscuros, en las relaciones personales dudosas, sobre grandes proyectos financieros, económicos y empresariales que poco tienen que ver con el desarrollo nacional, con la planificación nacional, con la visión de la Costa Rica del futuro, y mucho que ver con el bolsillo inmediato de quienes se involucran en estos pactos, sin importarles el interés público y el bienestar de los ciudadanos y de los habitantes de Costa Rica.

La corrupción que aceita este engranaje tan solo es el mecanismo de funcionamiento, que se hace aparentar en una batalla política, pero que es, para algunos funcionarios de estos partidos y de los partidos mismos, su modus vivendi y operandi.

La percepción de los ciudadanos de la corrupción en el país es tan amplia, de acuerdo a las encuestas y estudios, nacionales e internacionales que se han hecho, que casi no hay estructura institucional que escape a ella, lo cual debe preocuparnos a todos los costarricenses, sin distingos políticos. Es la corrupción la que puede hundir más que nada al país, la que puede quebrar sus instituciones, la que puede falsear las bases democráticas nacionales, y la que puede hacer ascender dictadores de turno, casi como única solución frente a lo que ven y perciben los ciudadanos.

La corrupción no debe subestimarse. Los escándalos de corrupción que se analizan deben llevarse en su investigación correctamente para llegar a buen puerto. La forma como se están llevando las discusiones conduce a un estancamiento, a una situación de agotamiento que puede resultar muy peligrosa institucionalmente, y en sus resultados. La forma torpe de llamar y de interrogar comparecientes en nada abona a los buenos resultados que se desean. Si se sabe que la esposa de una persona no puede declarar contra ella, ¿para qué hacer el show?, ¿para qué llamarla?, ¿para qué hacer perder el tiempo de la comisión investigadora? Lo que hacen los diputados a cargo de esa investigación es exhibirse ellos y dejar muy mal sabor de cómo conducen la investigación.

Lo  que es evidente en todo este escándalo que hay es que fue un proyecto muy bien pensado, muy bien estructurado, con objetivos precisos, y con resultados esperados.

Los fondos que se mueven en este tinglado, en esta telaraña, no parecen hacer crecer a ningún partido político, ni el negocio en cuestión es de un partido político en particular, aunque en el negocio aparezcan pringados varios representantes de varios partidos, lo que evidencia cómo se reparten algunos grandes empresarios en los distintos partidos políticos, para hacer sus negocios desde distintas trincheras político partidarias y de gobierno, sin importar quién y cuál partido gobierne.

Estos negocios no son de sobrevivencia, ni para hacer crecer empresas, son para movilizar grandes capitales y acrecentar con este movimiento las riquezas involucradas.

Pregunta ingenua: ¿para qué sirve el dinero? Respuesta nada ingenua: para hacer más dinero. Esta es la clave de todo este escándalo. Y no importa el origen del que pueda producirse, si un país capitalista o uno comunista, lo importante es que se produzca el dinero.

Quienes así procuran hacer dinero tienen que buscar y tener accesos a los mecanismos que lo facilitan, los bancos, los políticos, diputados, ministros y de ser posible el propio presidente, asesores del presidente, los directores bancarios, asesores parlamentarios y judiciales, magistrados, jueces, fiscales públicos… periodistas y comunicadores, policías si es necesario, agentes y funcionarios de aduanas, si fuera del caso… receptores de fondos y de capitales, todo lo que pueda contribuir a hacer más dinero.

Lo que pareciera funcionar es un deformado capitalismo de amigos, de amigos político-empresarios, que buscan beneficios estatales y financieros públicos, de cotidianos parásitos institucionales, de regalos, pagos de viajes o tiquetes de viajes, de pago de hoteles, de uso de aviones privados. Lo grave de esta situación es su transversalidad política institucional que aparentemente está involucrada.

La situación de corrupción que enmarca este escándalo hace ver que en materia de corrupción vamos de mal a peor. Las percepciones de los ciudadanos tienen conexión con la realidad, no son simples sensaciones, ni especulaciones de los encuestadores.

La corrupción en Costa Rica no es nueva, viene de muchos años. La corrupción pública tampoco es nueva, viene con los representantes de los partidos y de los nombrados por gobiernos que aprovechando sus puestos actúan. No ha sido peor gracias al sistema democrático que tenemos, a las posibilidades de dilucidar e investigar que quedan, a la ausencia de un ejército y aparato militar y policial corrupto, a la ausencia de gobiernos autoritarios y dictaduras, a la prensa que ha sustituido desde hace mucho tiempo a los partidos políticos en su labor de control político.

Si se hiciera un recuento de los casos públicos asociados a corrupción se debe al papel importante que han jugado los medios de comunicación en el país, y algunos valientes periodistas, así como a una sociedad civil que se ha venido desarrollando en los últimos años con vigor, con fuerza, con vocería, con sensibilidad, que permite arrinconar hoy a quienes linden en el terreno de la corrupción pública.

El caso del cemento es pálido, según dicen los que conocen, al de Yamber. ¿Por qué aquí tanto silencio?, si en términos económicos es mucho más grande. ¿Se va a seguir con este?, o, con ¿cuál otro?

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