Otra equivocación populista del gobierno

Cuando los diputados convocaron a los banqueros para consultarles sobre la “ley anti-usura” los financistas advirtieron que si se bajaban las tasas de interés en las tarjetas de crédito las personas de menos capacidad adquisitiva perderían el acceso a este tipo de instrumento de pago. Hasta el presidente del Banco Central les advirtió al respecto.

Ahora que se aprobó la ley y que el presidente Alvarado la rubricó, más de 120 mil costarricenses perderán su tarjeta de crédito en días próximos; recibirán un plazo hasta de cinco años para pagar saldos. Una economía en plena recesión y ahora a merced del Covid-19 en una situación cerca a una depresión económica, pierde otro punto de dinamismo.

Hubo un grito de protesta por el cierre de las tarjetas de los grupos populistas de siempre, que no entienden los principios básicos de un mercado libre, pero al final quedó patente que el dinero que se usa para financiar las canceladas es propiedad de personas que tienen la opción de darlo prestado, o no. ¡Es plata de ellos! La tasa de interés de cualquier préstamo se determina por el riesgo que se percibe que pudiera existir al otorgarlo. Más riesgoso dar dinero prestado, más elevado los intereses.

Para el que no entiende preguntar al Ministro de Hacienda; Costa Rica como país “limpio” tiene que pagar intereses de los más elevados cuando coloca bonos (contratos de préstamo).

Los bancos no le van a quitar la tarjeta de crédito al cliente que ha tenido el mismo empleo por diez años en una institución o empresa sólida, que siempre ha pagado, que es propietario de su casa, que vive en un buen barrio y que tiene una esposa que también tiene un empleo excelente. Más bien desearían que utilizara más la tarjeta. Van a quitarla al que ha perdido el empleo dos veces, que debe en su hipoteca, que ha tenido que hacer un préstamo de “consolidación de deuda” dos veces y que recientemente se divorció y paga pensión a la ex por los tres hijos de ambos que viven con ella. A este cliente segundo antes manejaba su banco el riesgo cobrando intereses elevados y aguantaba su morosidad ocasional. Ahora con el tope no.

Ahora estas personas que pierden su tarjeta si requieren crédito tendrán que ir a empresas prestatarias. Tendrán nombres como “Rapi Plata” o “Dinero Express” y las tasas de interés y las condiciones del préstamo serán muy duras. Faltar a pagar implicará métodos de cobro que pudieran ser violentos y muy desagradables.

Hay dos soluciones para el problema que han provocado los diputados con la ley anti-usura. La primera es revocar la ley y disculparse con los banqueros (improbable). La segunda es obligar a los bancos estales a adquirir esas cuentas y emitir tarjetas a los que las perdieron. Claro, es probable que muchos de los que tenían las tarjetas con bancos privados fueron rechazados por los bancos estatales antes por lo mismo.

Otro ejemplo de más miseria creado por diputados mal informados.