Oposición afila tijeras para presupuesto
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Sábado 15 octubre, 2011
Más de ¢54 mil millones en gasto superfluo serían eliminados
Oposición afila tijeras para presupuesto
Propuesta pone en riesgo continuidad de servicios públicos, indica Ministro de Hacienda
Alrededor de ¢54 mil millones considerados gastos superfluos por los legisladores no oficialistas, serían eliminados del presupuesto de 2012.
La medida afectaría a casi a todos los ministerios, al Tribunal Supremo de Elecciones, la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría.
Aunque los diputados de la oposición aún afinan la moción que recortaría los planes de gasto de las instituciones, desde ayer, se generó un gran revuelo, debido a que el Gobierno considera que ninguna de las partidas recortadas “sobra”.
La tijera es afilada por la Unidad Social Cristiana (PUSC), el Movimiento Libertario, el Partido Accesibilidad Sin Exclusión y el Partido Acción Ciudadana (PAC).
Viajes, consultorías, pago de horas extra, contratación de nuevas plazas, capacitaciones, alquiler de equipo innecesario y otras partidas están en la mira de la oposición.
“En realidad, el presupuesto es muy rígido y nosotros lo único que estamos haciendo es eliminando lo verdaderamente superficial”, expresa María Jeannette Ruiz, subjefa de fracción del PAC.
El plan de gastos del gobierno para el otro año es por ¢5,9 billones, de los cuales, ¢3,9 billones son para cancelar salarios de los funcionarios y realizar inversión, mientras que el resto es para el pago de la deuda.
Uno de los ministerios más afectados sería el de Obras Públicas y Transportes, ya que se le pretende recortar alrededor de ¢4 mil millones en alquiler de maquinaria.
Al Ministerio de Hacienda se le quitarían alrededor de ¢8 mil millones para la administración tributaria, aduanera y de servicios tecnológicos, lo que a juicio del Gobierno, afecta la lucha contra la evasión fiscal, en momentos en que el Congreso discute un paquete tributario, que generaría recursos por un valor cercano al 2,5% de la producción.
Incluso, la defensa de la Isla Calero ante la Corte Internacional de La Haya sufriría un recorte de ¢1,392 millones.
“La moción propone redistribuir el gasto del presupuesto 2012 cambiando las prioridades en las que el Gobierno se comprometió con la ciudadanía. Significa un deterioro de rubros esenciales para el buen funcionamiento de las instituciones al afectar programas tan importantes como seguridad ciudadana, control de la evasión, administración penitenciaria, proyectos de obras públicas y del Tribunal Supremo de Elecciones, entre otros. Esa propuesta pone en riesgo la continuidad de servicios públicos fundamentales”, indicó Fernando Herrero, ministro de Hacienda.
Sobre este tema, Luis Fishman, presidente de la Comisión de Hacendarios y diputado del PUSC, manifiesta que los recortes que proponen son necesarios.
Asimismo, destacó que la tijera puede llegar hasta los ¢111 mil millones, pero que no lo harán para evitar que después el Gobierno le eche la culpa a la oposición por su incapacidad.
“El 1° de noviembre la comisión tiene que dar un dictamen al Plenario sobre este tema. Nosotros hemos detectado que en el pasado muchas instituciones no ejecutaron el dinero que se les presupuestó por lo que no creo que los recortes tengan algún efecto”, concluyó Fishman.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Oposición afila tijeras para presupuesto
Propuesta pone en riesgo continuidad de servicios públicos, indica Ministro de Hacienda
La medida afectaría a casi a todos los ministerios, al Tribunal Supremo de Elecciones, la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría.
Aunque los diputados de la oposición aún afinan la moción que recortaría los planes de gasto de las instituciones, desde ayer, se generó un gran revuelo, debido a que el Gobierno considera que ninguna de las partidas recortadas “sobra”.
La tijera es afilada por la Unidad Social Cristiana (PUSC), el Movimiento Libertario, el Partido Accesibilidad Sin Exclusión y el Partido Acción Ciudadana (PAC).
Viajes, consultorías, pago de horas extra, contratación de nuevas plazas, capacitaciones, alquiler de equipo innecesario y otras partidas están en la mira de la oposición.
“En realidad, el presupuesto es muy rígido y nosotros lo único que estamos haciendo es eliminando lo verdaderamente superficial”, expresa María Jeannette Ruiz, subjefa de fracción del PAC.
El plan de gastos del gobierno para el otro año es por ¢5,9 billones, de los cuales, ¢3,9 billones son para cancelar salarios de los funcionarios y realizar inversión, mientras que el resto es para el pago de la deuda.
Uno de los ministerios más afectados sería el de Obras Públicas y Transportes, ya que se le pretende recortar alrededor de ¢4 mil millones en alquiler de maquinaria.
Al Ministerio de Hacienda se le quitarían alrededor de ¢8 mil millones para la administración tributaria, aduanera y de servicios tecnológicos, lo que a juicio del Gobierno, afecta la lucha contra la evasión fiscal, en momentos en que el Congreso discute un paquete tributario, que generaría recursos por un valor cercano al 2,5% de la producción.
Incluso, la defensa de la Isla Calero ante la Corte Internacional de La Haya sufriría un recorte de ¢1,392 millones.
“La moción propone redistribuir el gasto del presupuesto 2012 cambiando las prioridades en las que el Gobierno se comprometió con la ciudadanía. Significa un deterioro de rubros esenciales para el buen funcionamiento de las instituciones al afectar programas tan importantes como seguridad ciudadana, control de la evasión, administración penitenciaria, proyectos de obras públicas y del Tribunal Supremo de Elecciones, entre otros. Esa propuesta pone en riesgo la continuidad de servicios públicos fundamentales”, indicó Fernando Herrero, ministro de Hacienda.
Sobre este tema, Luis Fishman, presidente de la Comisión de Hacendarios y diputado del PUSC, manifiesta que los recortes que proponen son necesarios.
Asimismo, destacó que la tijera puede llegar hasta los ¢111 mil millones, pero que no lo harán para evitar que después el Gobierno le eche la culpa a la oposición por su incapacidad.
“El 1° de noviembre la comisión tiene que dar un dictamen al Plenario sobre este tema. Nosotros hemos detectado que en el pasado muchas instituciones no ejecutaron el dinero que se les presupuestó por lo que no creo que los recortes tengan algún efecto”, concluyó Fishman.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net