OIJ y la Fiscalía General obtuvieron un gran triunfo

En estos pasados días un comando de fuerzas de diferentes equipos del OIJ logró capturar a dos delincuentes y dio de baja a otro que por unos diez años habían mantenido a las autoridades del país en vilo. Nadie había podido detenerlos. Nadie había logrado determinar su paradero. Nadie había reivindicado la ley y el orden y los delincuentes seguían en fuga y asesinando.

Es claro que la seguridad del país ha venido desmejorándose de manera muy evidente. En los pasados años los costarricenses asesinados habían ido creciendo en número. Los más peligrosos sicarios amenazaban en el país y parecía que las autoridades estaban imposibilitadas para combatirlos atrapándolos.

La narrativa de algunos dirigentes políticos y administradores ha sido que la violencia no se puede atribuir más que al Poder Judicial. Pero es el Poder Ejecutivo a través de las autoridades administrativas a su disposición el responsable de la prevención del crimen en todas sus facetas según el artículo 140 de la Constitución Política que dice: “ Disponer de la fuerza pública para preservar el orden, defensa y seguridad del país”. Además: “ARTÍCULO 148.- El Presidente de la República será responsable del uso que hiciere de aquellas atribuciones que según esta Constitución le corresponden en forma exclusiva. Cada Ministro de Gobierno será conjuntamente responsable con el Presidente, respecto al ejercicio de las atribuciones que esta Constitución les otorga a ambos. La responsabilidad por los actos del Consejo de Gobierno alcanzará a todos los que hayan concurrido con su voto a dictar el acuerdo respectivo.”

El Poder Ejecutivo no puede dar órdenes al Poder Judicial sin exponerse a las consecuencias de ley ya que la Constitución Política señala: Artículo 149 “Cuando impidan o estorben las funciones propias del Poder Judicial, o coarten a los Tribunales la libertad con que deben juzgar las causas sometidas a su decisión, o cuando obstaculicen en alguna forma las funciones que corresponden a los organismos lectorales o a las Municipalidades;”

Creo que la manera más sencilla que encontraron el Poder Ejecutivo y sus personeros desde ya hace unos cuantos años para eludir responsabilidades en el ámbito de la seguridad ha sido atribuirla y culpar a los jueces que “dejan libres” a los delincuentes que han sido atrapados por los policías del Ministerio de Seguridad Pública. Debían en su concepto ser encarcelados, aunque no hubieran sido juzgados culpables o a los que, juzgados culpables, eran sometidos a penas de cárcel menores de las que los personeros del Poder Ejecutivo querían a pesar de las leyes del país. Los cambios de modalidad de cárcel a libertad provisional corresponden al Ministerio de Justicia no al Poder Judicial.

El Poder Ejecutivo construyó la narrativa de acusar al Poder Judicial de ser el culpable de los males del país en torno a seguridad, crimen organizado, curva ascendente en torno a los asesinatos y otras. Lo curioso es que los proyectos de ley que habrían cambiado la situación nunca llegaron a materializarse, no fueron enviados a la Asamblea Legislativa, y aquellos que si llegaron daban la impresión de que no se deseaba que fueran aprobados. Sus roces evidentes con la Constitución Política de Costa Rica y también con los tratados suscritos por el país en torno a detención sin cargos ni juicio, la detención por simples sospechas sin pruebas y la cárcel preventiva eran inaceptables. De esto a perseguir y encarcelar a los adversarios políticos no había más que un paso.

El Poder Ejecutivo con miles de policías, con la DIS, con la Policía de Control de Drogas y la Policía de Control de Fronteras no había podido lograr la detención de estos tres criminales puntal del narcotráfico y del amedrentamiento social. Pero al ser detenidos por las autoridades a cargo del Poder Judicial, por la OIJ y la fiscalía general, algunos se mostraron reticentes en felicitar o celebrar su captura. Lejos de demostrar satisfacción y alegría expresaron disgusto, dijeron unas cuantas palabras destempladas no mostrándose entusiastas con este gran triunfo del OIJ.

La narrativa construida y puesta por meses en circulación por dirigentes políticos y hasta un ministro contra el Poder Judicial se agrietó. Si este desencuentro sostenido por razones de conveniencia política no fuera infantil habría pasado inadvertido. Reducir las asignaciones presupuestarias al OIJ en momentos de debilidad de nuestra seguridad no está bien. Hacerla lucir como una represalia está peor. Hay que enmendar, hay que corregir. En palabras de Federico el Grande: “Al ejército que marcha victorioso, boca, tropa y cañón.”

Este tipo de pleitos debe de cesar. Debemos de alegrarnos de todos los hechos positivos que alcanzamos con esfuerzo y sacrificio en el país. Estos berrinches políticos son condenables.

Felicitaciones a todos los que arriesgaron sus vidas y expusieron sus pechos a las balas en esta operación. Nuestra solidaridad con quienes fueron heridos y a sus familias que sufren intensamente. Nos congratulamos del éxito que a través del OIJ y la fiscalía general lograron los costarricenses. Vamos bien e iremos mejor. Gracias.