Ocho años después del último fracaso revive figura de concesión con seis obras en trámite

El programa de concesión de obra pública toma un segundo aire, luego de más de ocho años en el olvido.

La posibilidad de construir obra pública mediante este modelo fue metido al congelador luego del fracaso del proyecto para ampliar la carretera a San Ramón, en abril de 2013.

Actualmente están en estudio seis obras que se aspiran realizar mediante ese mecanismo de contratación, con una inversión que supera los $3,7 mil millones.

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Se trata de la ampliación de las carreteras que van de la capital a Caldera, Limón y Cartago y del puerto de Caldera y de la construcción de Ciudad Gobierno y del tren eléctrico de pasajeros.

El reto de esta administración es resolver la suerte de estas obras antes del término de su gestión, en un año.

La concesión es una figura que asocia al sector privado con el público para desarrollar obras, principalmente de infraestructura.

Es ideal para países con escasos fondos para modernizar su infraestructura, pues le asigna al sector privado la responsabilidad del financiamiento, construcción, mantenimiento y operación de las obras y recuperar la inversión y la utilidad mediante el cobro de tarifa o alquiler de los bienes desarrollados.

Además, faculta tanto al sector público como al privado proponer las obras que consideren de interés público.

El último proyecto impulsado mediante este modelo fue la Terminal de Contenedores de Moín, adjudicado a la empresa APM Terminals en marzo de 2011 y puesta en servicio en febrero de 2019.

Además, esta figura se usó en la construcción de la ruta 27, entre La Sabana y Caldera, y del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia.

Ahora este sistema toma un segundo aire, al considerarse en obras necesarias que se han pospuesto por años.

Con una inversión por el orden de los $1.500 millones el tren de pasajeros es el plan más ambicioso. Consiste en un sistema propulsado por electricidad de casi 85 kilómetros, que abarcaría las cuatro provincias de la Gran Área Metropolitana.

La obra ya cuenta con los estudios y su futuro depende de que el gobierno logre convencer a los diputados de la aprobación de un crédito por $550 millones que se comprometió a aportar para hacer rentable la obra y abaratar sus tarifas.

En cuanto a la ampliación de la ruta 27, fue la propia empresa Globalvía, que administra la obra, la que le propuso al gobierno aumentar su capacidad ante la saturación y el riesgo de derrumbes que registra.

Su propósito es invertir unos $650 millones en un tramo de ocho carriles, un túnel para agilizar el acceso a la capital, nuevos puentes, más carriles a lo largo de los 77 kilómetros del recorrido y taludes más seguros.

Por su parte, la constructora nacional H Solís propuso ampliar a cuatro carriles la carretera entre San José y Río Frío de Limón, usando la alianza pública privada.

La obra, de más de $640 millones, incluye además la construcción de un túnel paralelo al del Zurquí y muros de contención y túneles falsos para atender la constante caída de material.

Igualmente, la constructora costarricense Meco, gestiona la ampliación por concesión de la ruta a Cartago, entre Plaza Víquez, en la capital, y el Cementerio General de la vieja metrópoli.

Incluye una inversión estimada en $410 millones para construir carriles adicionales al trayecto actual y un viaducto nuevo que conecte la rotonda las Garantías Sociales con Hacienda Vieja.

Ciudad Gobierno, a su vez, es un complejo de ocho edificios y $320 millones de inversión que se erigiría en los predios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en Plaza González Víquez, para ubicar las sedes de 16 instituciones públicas.

El propósito de este programa es reunir a las instituciones en una misma zona, para recortar el pago en alquileres, generar un ahorro de $357 millones y crear unos 3 mil empleos.

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Por último, se gestiona emplear este mecanismo de contratación para ampliar el puerto de Caldera, en el Pacífico, para darles más profundidad, construir nuevos patios que permitan almacenar contenedores a mayor altura, equipo de nueva generación y la construcción de un muelle adicional, con un aporte de capital de unos $252 millones.

La concesión de obra pública fue aprobada en 1998 y ha tenido un par de reformas para eliminarle defectos que se han encontrado en su ejecución.