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El proyecto de ley que plantea un impuesto de 0,6% sobre las primas de seguros fue rechazado por la Asociación de Aseguradoras Privadas (AAP), al considerar que encarecería las pólizas y aumentaría las cuotas de crédito.
La iniciativa propone crear este cobro para financiar redes de monitoreo geodinámico y meteorológico, pero desde el sector aseguran que el impacto no lo asumirán las empresas, sino los clientes.
Es decir, cualquier persona con un seguro, ya sea de vida, salud o incendio, terminaría pagando más.
El efecto no se quedaría solo en las pólizas pues también alcanzaría a quienes tienen préstamos bancarios que incluyen seguros, como los créditos de vivienda, donde un aumento en el costo del seguro se traduce en cuotas más altas.
Según estimaciones del sector, la medida implicaría un costo adicional cercano a ¢3.300 millones en el primer año.
Además, al no existir un límite, ese monto crecería con el tiempo conforme se expanda el mercado de seguros, lo que podría duplicar la cifra en pocos años.
El proyecto fue presentado con el objetivo de financiar entidades vinculadas al monitoreo sísmico y climático, sin embargo, la Asociación cuestiona que estas instituciones ya cuentan con recursos públicos, por lo que considera injustificado trasladar ese financiamiento a las personas aseguradas.
“Estas entidades vinculadas a universidades públicas cuentan con un presupuesto estatal; de hecho, el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2026 asciende a ¢593,488 millones, por lo cual no es justo que pretendan pedirles a los asegurados que paguen un nuevo impuesto para financiarlas”, dijo Giancarlo Caamaño, vocero de la
AAP.
El impacto, advierten, también tendría un efecto social. Un aumento en los seguros de salud podría limitar el acceso de las personas a estas coberturas y aumentar la presión sobre el sistema público.
En el caso de las empresas, un mayor costo en seguros colectivos también implicaría más gastos.
Tanto la Asociación como la Superintendencia General de Seguros enviaron sus observaciones a los diputados señalando riesgos para la capacidad del país de recuperarse ante eventos adversos.
El sector empresarial también ha advertido que este tipo de iniciativas puede afectar la competitividad y el clima de inversión.
Mientras el proyecto continúa su trámite, el debate se centra en si financiar servicios públicos con nuevos impuestos a los seguros termina afectando más a quienes buscan proteger su estabilidad económica.
"De aprobarse este proyecto, este costo va a recaer de manera injusta sobre las personas y empresas que de manera responsable han tomado un seguro para proteger su vida, su salud, sus bienes, entre otros, y que también ha hecho un esfuerzo para pagar la prima en seguro. También se va a encarecer la cuota de los préstamos que incluyen algún tipo de seguro. La Asociación de Aseguradoras Privadas se opone a este proyecto y confiamos en que los diputados atiendan y escuchen los distintos criterios técnicos negativos que les hemos hecho llegar", finalizó Caamaño.
