No hay derecho

No hay derecho

Pedro Oller

Los vecinos de Pozos de Santa Ana tomaron la deplorable decisión de cerrar la autopista Próspero Fernández, en construcción, para reclamar su inconformidad con el traslado de una parada de bus y las obras de un túnel aún no terminado. Con ello, dejaron a varias decenas de miles de vehículos en un atasco impresionante que incidió, en mi caso, en un retraso de más de una hora para dejar a mis hijos en su escuela y llegar a la oficina.

Como si se tratara de una extensión de la Semana Santa, el vía crucis vehicular tiene origen en los dos reclamos mencionados y que pueden resultar sumamente sencillos. Reclamos, que dicho sea de paso, hicieran hace apenas 15 días al Consejo Nacional de Concesiones (CNC). Reclamos que están siendo valorados por este órgano cuyas decisiones, como atinadamente dijo el Viceministro del ramo, deben atender criterios técnicos, jurídicos, económicos y sociales. Reclamos que en cualquier caso no justifican el cierre de una autopista.

En programa radial que se desarrollaba en paralelo con la protesta, el alcalde de Santa Ana, Gerardo Oviedo, logró tropezarse reiteradamente con sus propias palabras. Mientras por un lado afirmaba estar con los vecinos y reconocer la valía de sus reclamos, por otro deploraba las medidas de hecho que habían tomado y en las que, dicho sea también, se encontraba como partícipe o testigo. A la vez que atribuía a la displicencia del CNC la responsabilidad del caos, reconocía las reiteradas reuniones sostenidas con el órgano y el Viceministro responsable, su buena disposición y capacidad de colaboración. Auguraba lo mismo para Orotina y otros cantones afectados por la construcción de la carretera, pero aceptaba que las obras eran necesarias y debían responder a criterios técnicos. Su liderazgo quedó en entredicho al declararse incapaz de convencer a los vecinos de levantar el bloqueo y dialogar en las oficinas del Consejo, no en la calle como pretendían, por considerar la situación muy difícil. En resumen, Dios nos libre de su reelección al cargo.

No puede un pequeño grupo de vecinos arrogarse la decisión de impedir el libre tránsito de miles de sus conciudadanos por unas cuantas incomodidades. Quienes hacemos uso de la Próspero Fernández un día sí y otro también, constatamos el avance de las obras y, pese a las molestias, entendemos que en un futuro cercano el beneficio nos alcanzará a todos.

No debe un político escudado en demagogia, cuestionar la labor de un funcionario público capaz y honorable, como don Guillermo Matamoros. Ha de recordar el distinguido alcalde, que en su informe de gestiones 2007-2008 pretendía ““(…) acabar con la reacción y motivar la acción, eliminar la improvisación y favorecer la planificación, erradicar el conformismo y la mediocridad, proponiendo estar “mejor” no sólo estar “bien”. Y que, como parte de lo anterior incluía el “continuar considerando como prioridad la realización de proyectos de infraestructura vial”.

Deben asumir las autoridades y los vecinos las consecuencias de recurrir a las vías de hecho para hacer valer sus derechos por encima del de la colectividad. Esto incluye, también, a la policía (de tránsito y de Seguridad Pública) que de forma incapaz reaccionó ante una minúscula manifestación que tuvo dimensiones mayúsculas para quienes desafortunadamente transitamos por la zona.