Costa Rica es tercera de Centroamérica y 22 del mundo con más privados de libertad

En momentos en que el gobierno de Rodrigo Chaves planea la construcción de un nuevo centro penal por $35 millones, defensores de los derechos humanos y especialistas en criminología recuerdan que Costa Rica es uno de los países del mundo que tiene más privados de libertad por cada 100 mil habitantes.

Lea más: Cárcel al estilo de El Salvador se construirá en 195 días, promete Rodrigo Chaves

El reporte del 2024 de World Prison Brief que elabora el Institute for Crime & Justice Policy Research (ICPR) de la Universidad de Londres destaca que nuestro país es el tercer país de Centroamérica con más prisioneros y el 22 del mundo entre 224 jurisdicciones.

El Salvador y la política de mano dura implementada por su presidente Nayib Bukele registra la tasa de prisión por cada 100 mil habitantes más alta de todo el orbe con un registro de 1.659 personas.

Mientras tanto, Costa Rica ocupa el puesto 22 con una cifra de 345. El otro país que supera a Costa Rica en Centroamérica es Panamá con 530.

“Somos un país que prisionaliza bastante. Los tribunales de flagrancia, el aumento de la población indiciada y la mayor cantidad de condenas para personas con penas menores a cinco años han generado un crecimiento de la población carcelaria en los últimos años. El gobierno ha señalado que urge construir una cárcel que reúna condiciones de alta contención con una infraestructura adecuada, con lo cual, yo estoy de acuerdo. La Reforma y la mayoría de nuestras cárceles no tienen las condiciones idóneas de infraestructura”, advirtió Tania Molina, criminóloga, consultora y escritora del libro Futuro Secuestrado.

La experta aclaró que una cosa es la infraestructura y otra cosa muy diferente es la penalización, a la vez que advirtió que “no podemos obviar que a pocos meses de las elecciones se trata de un asunto político”.

“Este tema sería usado como una bandera más de campaña, porque el gobierno está corriendo en estos últimos meses del periodo presidencial para hacer algo que le sirva. Tuvieron tiempo para hacerlo y ahora vienen a correr al final”, agregó Molina.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, aseguró que la construcción de una megacárcel inspirada en el modelo penitenciario de El Salvador arrancará pronto y estará terminada en 195 días, una vez que se coloque la primera piedra.

Lea más: (Video) Antonio Ortega: “Antes de una megacárcel, deberíamos pensar en una megaperrera para los ministros”

La obra, valorada en aproximadamente $35 millones, tendría capacidad para albergar a 5 mil reos, con el objetivo de mantener tras las rejas a criminales comunes y narcotraficantes que hoy se disputan el territorio costarricense en una sangrienta guerra.

De hecho, Gérald Campos, ministro de Justicia, viajó a El Salvador a inicios de abril para asesorarse directamente y regresó con los planos del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel símbolo del gobierno de Bukele.

La construcción de la cárcel que planea el gobierno se da en momentos en que el país vive una guerra entre bandas criminales por el control de territorios para la venta de drogas. En 2023 y 2024, el país contabilizó cifras récord de homicidios con 907 y 880 casos.

Defensa de los derechos humanos

Por otra parte, Larissa Arroyo, abogada especialista en materia de derechos humanos y género, señaló que abundantes estudios han demostrado que el aumento del punitivismo no se traduce en mayor seguridad.

Arroyo también criticó la asesoría que ha recibido el gobierno por parte de El Salvador en esta materia.

“Aumentar penas o castigos no previene ni protege mejor a la ciudadanía y a la población en general. Entonces, es realmente preocupante que la asesoría que recibe el presidente de la República en esta materia provenga de un estado que ha sido señalado de manera reiterada por violación a los derechos humanos, y no solo en contra de las personas privadas de libertad, sino porque incluso ha mantenido a personas encarceladas sin respetar los principios fundamentales como el debido proceso o la presunción de inocencia”, dijo Arroyo.

Para la experta, la propuesta formaría parte de una estrategia política de cara al próximo proceso electoral, “lo cual, enciende aún más las alertas e incentiva el cuestionamiento”, finalizó.