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La decisión de la Asamblea Legislativa de permitir a los educadores irse a huelga fue respaldada por Guiselle Cruz, ministra de Educación.
La negociación entre legisladores y sindicatos permitió sacar a la educación de los servicios esenciales, incluyéndola en la categoría de “servicio estratégico”, lo cual les permitirá a los docentes dejar su puesto de trabajo por 21 días consecutivos; o bien, diez días hábiles como máximo.
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Sin embargo, los que se vayan a protestar perderían el salario por los días no laborados, ya que los diputados también incluyeron en la iniciativa un artículo que suspende el contrato laboral, por lo que los empleados no están obligados a trabajar, pero el patrono tampoco a pagar.
La única forma de recuperar el dinero es que un Tribunal de Trabajo – en sentencia firme – determine que la protesta es legal.
“En un país democrático y civilista como el nuestro, no es procedente prohibirle al personal de educación el ejercicio de la huelga”, dijo Cruz.
Por otra parte, para irse a manifestar, los maestros también deben garantizar que los centros educativos se mantengan abiertos, y que se brinde alimentación en los comedores escolares.
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El tema de no cerrar las aulas es importante, más si se toma en cuenta que entre 2018 y este año, los profesores acumulan más de 100 días de clases perdidas por diversas protestas y lo peor de todo, es que el número va en aumento, pues desde el pasado lunes, los maestros se han declarado en huelga intermitente.
“Como educadora, tengo la autoridad para asegurar que ya no hay forma de recuperar pedagógicamente el tiempo perdido hasta hoy. Más huelgas en este último semestre harán que la presente generación de estudiantes pierda dos programas anuales consecutivos de estudio, el de 2018, que no hemos recuperado todavía, y el 2019, que afectarían estas huelgas intermitentes”, aseguró Cruz.
Hasta este miércoles, se reportan casi 9.800 funcionarios ausentes - de 84 mil - y unos 123 comedores cerrados, lo que significa casi 22 mil beneficiarios afectados.
Huelga condicionada
Al permitirse la huelga se da una serie de condiciones para que el movimiento pueda ser efectuado por los funcionarios del MEP:
