¿Minería artesanal o a gran escala? Diputados y Gobierno divididos por explotación de oro

Permitir la extracción de oro de manera artesanal y subterránea, o bien, hacerlo a gran escala como se planteó en su momento en Crucitas de San Carlos, divide a los diputados y al gobierno de Carlos Alvarado.

Al menos tres iniciativas se discuten en el Congreso y en la Sala Constitucional para validar la actividad minera, en medio de argumentos y contraargumentos ambientales y socioeconómicos.

El impacto sobre los mantos acuíferos y la biodiversidad que tendría la actividad, así como la dificultad de detener la extracción ilegal, enfrenta a los dos bandos.

En estos momentos, el único punto de coincidencia es la necesidad de generar oportunidades de empleo en zonas marginales.

A partir de ahí, hay un abismo entre las tres propuestas.

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Se trata de proyectos separados presentados por Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC), que, de aprobarse, crearán un marco regulatorio para una actividad que está prohibida a cielo abierto desde 2010 y que, de forma subterránea, sólo se permite en Abangares.

El primero es impulsado por la legisladora María José Corrales, del PLN, y este apoya reactivar la minería de forma artesanal, a pequeña y mediana escala en todo el país.

El proyecto, que se discute en la Comisión de Asuntos Sociales, hace una diferenciación para cada proceso, ya sea explotación, exploración o una planta de beneficio minero.

Asimismo, permite la minería a cielo abierto únicamente en Crucitas, siempre y cuando el interesado logre demostrar que no puede extraer los minerales de forma subterránea.

Excluye los mantos acuíferos, reservas biológicas, reservas forestales, parques nacionales, territorios indígenas y zonas de alto riesgo de desastre.

La iniciativa propone elevar de un 2% a un 10% el impuesto sobre las ganancias brutas derivadas de la comercialización de minerales, y destinar los fondos a la cancelación de deuda pública y proyectos de interés social.

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Por otra parte, en la Comisión Especial de Alajuela, se discute una iniciativa para reactivar la minería a gran escala o industrial, específicamente en Crucitas, donde se iba instalar originalmente Infinito Gold.

Esta fue presentada por María Inés Solís, del PUSC, y prohibiría el uso de mercurio o cualquier producto derivado de este químico, así como la explotación o exploración en parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales o refugios estatales de vida silvestre.

Los permisos o concesiones mineras recaerían sobre la Dirección de Geología y Minas, bajo supervisión del Ministerio de Ambiente y Energía.

El terreno máximo a explorar por parte de las concesionarias sería de 20 kilómetros cuadrados (km2) y el de explotación 10 km2. El mínimo es de 1 km2 en ambos casos.

En esta iniciativa, el canon anual equivale a tres salarios base por km²; es decir, que lo mínimo que se cobrará por concesión son poco más de ¢1,3 millones por año, en caso de que alguien quiera explorar o explotar la zona, sin sumar otros impuestos como los municipales o la renta.

Ninguno de los proyectos tiene el beneplácito de Andrea Meza, ministra de Ambiente, quien declaró en la Comisión Especial de Alajuela, que un marco regulatorio no acabaría con las actividades ilegales que afectan a Crucitas.

“Esa legalización, con ese marco jurídico así como está, no nos va a llevar a ese objetivo de quitar la minería ilegal. Es importante entender qué ha pasado en otros países que son mineros, que tienen ejército inclusive, y que hoy en día padecen de una serie de explotaciones ilegales”, declaró la ministra, en alusión al proyecto de Solís.

Por otra parte, el Gobierno sí apoya la minería subterránea artesanal, al presentar un proyecto para regular esta actividad en Abangares, así como la comercialización del oro.

Esa iniciativa se encuentra actualmente en consulta en la Sala Constitucional.