La mina Crucitas: lo peor de ambos mundos

Demanda multimillonaria

Costa Rica enfrentaría una factura multimillonaria, si perdiera un juicio por el cese en 2013 de la concesión para explotar la mina de oro Crucitas, de acuerdo con dos expertos en derecho de arbitraje internacional.
La factura del cierre de la mina de oro Crucitas se presentaría pronto.

Rolando Laclé Zúñiga

Abogado
Consortium Legal

Costa Rica podría en breve tiempo recibir una factura cara por rescindir el contrato de Industrias Infinito S. A. para operar la mina de oro en Crucitas.
El tribunal arbitral internacional está en la última fase para determinar si Costa Rica debe o no indemnizar a los inversionistas, y, de ser así, fijar el monto pagadero.
Infinito Gold Limited, la empresa matriz de Industrias Infinito, reclama pérdidas valoradas en $321 millones.
La posición de Costa Rica es que el contrato de concesión nunca estuvo vigente, ya que no cumplió con los estándares ambientales, de conformidad con la resolución del 14 de diciembre del 2010 del Tribunal Contencioso Administrativo.
La posición de Industrias Infinito es que la empresa actuó en todo momento de buena fe, apoyándose en un decreto de 2008, que fue avalado por la Sala Constitucional y firmado por el entonces presidente Oscar Arias, quien declaró el proyecto de interés nacional para Costa Rica.
Si se determina que se han terminado indebidamente los derechos contractuales de la empresa, la tarea de Costa Rica será minimizar el monto que debe pagar.
Demostrar el alto costo de operar una mina en el país, incluida la infraestructura de transporte deficiente y la mano de obra costosa, podría mostrar que las ganancias de la mina hubieran sido modestas.
Costa Rica iba a recibir una regalía equivalente al 30% de la utilidad de la mina, según los términos de la concesión.
Infinito Gold, con sede en Canadá, y Costa Rica desde 2014 están disputando el caso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, una dependencia del Banco Mundial.
Costa Rica se adhirió al tratado multilateral que reconoce la autoridad del Centro para resolver el caso del inversionista que alega los daños y perjuicios causados por una acción indebida del Estado en el que se realizó la inversión.
Ninguna de las partes podrá apelar la decisión del Centro, cuyo laudo es vinculante.
La Asamblea Legislativa en 2010 acordó en forma definitiva prohibir la minería a cielo abierto.
Importancia de brindar seguridad jurídica al inversionista será la lección cara del caso de Crucitas.

José A. Schroeder

Socio
Sfera Legal

La importancia de proporcionar la seguridad jurídica para cualquier inversionista extranjero en el caso de un contrato con el Estado costarricense, sería la lección cara de un litigio sobre la mina de oro de Crucitas, que está en su última fase.
La posición de Costa Rica en este arbitraje es que hubo un incumplimiento de las normas que regulan la protección ambiental que resultaron en la anulación de la concesión de la mina a la empresa Industrias Infinito S.A., y de esta manera pretende escapar de su responsabilidad.
Así falló la Sala I en 2010, afirmando la decisión del Tribunal Administrativo Contencioso del mismo año.
El problema es que en el mismo año 2010, la Sala IV determinó que no hubo vicio constitucional en relación con la concesión que había sido ratificada en 2008 por el Gobierno de Costa Rica, que declaró que el proyecto era de interés nacional.
Tanto la Secretaría Técnica Nacional Ambiental como el Ministerio de Ambiente y Energía por su parte también avalaron el proyecto.
Infinito Gold Limited, la matriz canadiense de Industrias Infinito, está reclamando pérdidas de $321 millones por el cese del contrato en 2013 por parte de la administración de Laura Chinchilla, argumentando que en todo momento actuó de buena fe y obteniendo todos los permisos y cumpliendo todos los requisitos que uno a uno le fue pidiendo la República de Costa Rica.
Es posible que aún en caso de que Infinito Gold Limited gane el juicio la condena no sea de tal monto, pero puede ser una suma significativa, especialmente en momentos de una crisis fiscal casi sin precedente.
Costa Rica puede llegar a gastar hasta unos $10 millones en los costos legales del juicio, y aunque lo gane y se condene a Infinito Gold a pagar esos gastos es poco posible que se recuperen esos fondos ya que Infinito Gold no opera y no tendría activos para responder por esa deuda.
El fallo se espera en los próximos meses, de un litigio iniciado por Infinito Gold en 2014 en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, una dependencia del Banco Mundial.