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El padre de la subteniente Aidita Ati recibió la noticia el sábado 29 de junio a las 9 de la mañana. Su hija había sido encontrada sin vida en su dormitorio del Fuerte Militar Napo, una base en el Oriente ecuatoriano donde ella trabajaba.
El padre de Ati llegó a la base y el comandante le indicó que la noche anterior se había celebrado una fiesta no autorizada en el lugar. Ati había sido llevada a su habitación y amaneció muerta, según el relato.
“Se había ahogado por el licor”, le dijeron al padre, según declaró a medios locales.
Esa fue la primera versión oficial por parte del Ejército Ecuatoriano, que aludía a que Ati había fallecido por asfixia producida por una obstrucción de la vía aérea mientras dormía.
Sin embargo, las investigaciones posteriores mostraron que esta muerte no había sido accidental.
La autopsia reveló que la verdadera causa había sido asfixia por estrangulamiento. Fue entonces que la Fiscalía anunció el inicio de la investigación del caso bajo el Protocolo para feminicidios y otras muertes violentas de mujeres.
Según la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo (ALDEA), en Ecuador el número de víctimas por femicidios en 2024 sumaba 108 hasta mayo. En muchos de estos casos, las víctimas ya habían reportado antecedentes de violencia o habían solicitado boletas de auxilio para protegerse del posible agresor.
El domingo 30 de junio, las Fuerzas Armadas anunciaron que se había detenido a 18 personas por un lapso de 8 horas en relación con el caso de Ati.
Ese mismo día, la Fiscalía anunció que se instaló una audiencia para formular cargos contra cuatro militares por su presunta participación en el femicidio de Ati y procesarlos como autores y coautores del delito.
Pese al pedido de prisión preventiva para los cuatro implicados por parte de Fiscalía, la jueza encargada del caso dictó medidas alternativas.
La Fiscalía informó que la instrucción fiscal durará 30 días.
Ati fue velada la mañana del lunes en Quito, junto a sus familiares y amigos, y fue enterrada con honores militares.
En medio de la despedida, la familia pidió justicia y exigió que se esclarezca la verdad en este caso. Su padre, Luis Ati, dijo a la prensa que su hija "fue ultrajada, fue asesinada y presuntamente violada".
"¿Quiénes nos están defendiendo, si ellos están matando a nuestras hijas?", reclamó su padre.
Este no es el primer caso de investigación por femicidio al interior de una institución pública en Ecuador.
En 2023, un exteniente de policía, Germán Cáceres, fue condenado por el asesinato de su esposa, la abogada María Belén Bernal, quien desapareció después de ingresar a la Escuela Superior de Policía, en el centro norte de Quito, para encontrarse con su esposo.
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