Mercados de carbono: ¿Solución eficiente o perpetuadores de desigualdades sociales?
El cambio climático sigue siendo el desafío más urgente de nuestro tiempo.
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Karen Proa
Asesora de sostenibilidad para el sector financiero
El cambio climático sigue siendo el desafío más urgente de nuestro tiempo. En la reciente COP29, celebrada en Bakú, Azerbaiyán, los líderes mundiales debatieron soluciones que permitan mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y promover la justicia climática. Entre los acuerdos alcanzados, los mercados de carbono ocuparon un lugar central, pero ¿realmente representan una solución eficiente? Este artículo explora su evolución, implicaciones y desafíos desde una perspectiva de derechos humanos, invitando a la reflexión crítica sobre su implementación.
Mercados de carbono en el marco de la COP29
En la COP29, se alcanzaron acuerdos significativos para abordar el cambio climático, incluyendo:
Triplicar la financiación climática a países en desarrollo, elevándola a $300 mil millones anuales para 2035.
Movilizar $1.3 billones anuales, provenientes de fuentes públicas y privadas, para la mitigación y adaptación climática.
Reducir las emisiones globales en un 9% anual hasta 2030, alineándose con la meta de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 °C
Uno de los temas más destacados fue la aprobación de un mercado de carbono centralizado bajo la supervisión de la ONU, con normas estrictas para evitar abusos y garantizar salvaguardas ambientales y de derechos humanos. Aunque estas regulaciones representan un avance, las discusiones sobre su implementación reflejan desafíos persistentes en términos de equidad y justicia climática.
Entonces, ¿Qué son los mercados de carbono?
Los mercados de carbono son sistemas que permiten a países y empresas comprar créditos para compensar sus emisiones, financiando proyectos que reducen o eliminan GEI. Cada crédito equivale a una tonelada de dióxido de carbono reducida, secuestrada o evitada.
Su relevancia radica en su capacidad para movilizar recursos hacia proyectos sostenibles y facilitar la cooperación internacional. Sin embargo, también enfrentan críticas por su falta de transparencia y el riesgo de convertirse en herramientas de “greenwashing” y “socialwashing”, desviando la atención de las reducciones reales de emisiones.
El Artículo 6 del Acuerdo de París: marco y modificaciones recientes
El Artículo 6 del Acuerdo de París establece mecanismos para promover la cooperación internacional en la reducción de emisiones:
Artículo 6.2: Facilita acuerdos bilaterales y multilaterales para transferencias de créditos de carbono.
Artículo 6.4: Introduce un mercado centralizado bajo la ONU, conocido como el Mecanismo de Desarrollo Sostenible, con el objetivo de certificar reducciones de emisiones y garantizar estándares uniformes
En la COP29, las regulaciones de este artículo se reforzaron con:
Metodologías uniformes para calcular reducciones.
Salvaguardas para garantizar el respeto a los derechos humanos y ambientales.
Un sistema de trazabilidad para prevenir fraudes.
Aunque estos avances son prometedores y traen ciertas ventajas para los países menos desarrollados como la posibilidad de atraer financiamiento para proyectos locales, o el acceso a créditos baratos que permiten posponer transformaciones estructurales los mercados de carbono aún enfrentan otros desafíos importantes para asegurar su implementación efectiva:
Monitoreo insuficiente: Muchos países carecen de recursos y capacidades técnicas para garantizar que los proyectos cumplan con las normas establecidas. Esto genera lagunas en el seguimiento de los impactos reales de los créditos.
Acceso limitado a mecanismos de queja: Las comunidades más vulnerables, como las indígenas y rurales, enfrentan barreras lingüísticas, culturales y legales para acceder a los nuevos mecanismos de apelación en casos de abusos o impactos negativos.
Deficiencias en la consulta previa: Aunque las regulaciones exigen el consentimiento libre, previo e informado, en muchos casos las consultas se realizan de manera superficial, excluyendo a ciertos grupos y afectando su participación efectiva.
Sobrecarga para los países menos desarrollados (PMD): Estas naciones enfrentan dificultades para cumplir con las salvaguardas debido a la falta de marcos regulatorios sólidos y recursos financieros adecuados, lo que limita su capacidad para beneficiarse equitativamente de los mercados de carbono.
Dependencia de la compensación en lugar de priorizar reducciones domésticas.
Estos desafíos resaltan la importancia de un enfoque integral para la implementación del Artículo 6, que garantice tanto la integridad ambiental como la equidad social. Sin un compromiso global para superar estas barreras, los mercados de carbono podrían perpetuar desigualdades en lugar de ser herramientas transformadoras en la lucha contra el cambio climático.
Los mercados de carbono desde la perspectiva de los derechos humanos
El cambio climático afecta de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables, como aquellas en el Sur Global y regiones costeras, y factores como género, edad, discapacidad y origen étnico agravan estas desigualdades. Los mercados de carbono, al redefinir las emisiones como una mercancía, tienden a perpetuar estas inequidades al externalizar los impactos hacia comunidades que ya enfrentan desventajas históricas.
Un ejemplo es el caso emblemático que ilustra las problemáticas asociadas a la falta de transparencia y violaciones de derechos humanos en los mercados de carbono es el del Pueblo Kichwa en Perú.
En 2001, el gobierno peruano estableció el Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ), una extensa área protegida superpuesta con los territorios ancestrales de 29 comunidades Kichwa en la región de San Martín. La creación del parque se llevó a cabo sin consulta previa, restringiendo las prácticas tradicionales de subsistencia, como la caza, pesca, recolección de frutos y plantas medicinales, y la agricultura rotativa. Estas restricciones ignoraron los derechos territoriales históricos de estas comunidades, violando principios básicos de autonomía y consulta.
Posteriormente, en 2008, el PNCAZ comenzó a vender créditos de carbono bajo el proyecto REDD+(Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal), con el objetivo de financiar la
conservación del parque. Sin embargo, las comunidades Kichwa no fueron informadas ni participaron en la implementación del proyecto, generando tensiones y marginación. Este modelo de conservación excluyente no solo vulneró su derecho al consentimiento libre, previo e informado, sino que también desconoció su rol histórico en la preservación del ecosistema amazónico.
El caso del Pueblo Kichwa resalta cómo la falta de transparencia y la omisión de consultas efectivas pueden convertir los mercados de carbono en herramientas de injusticia social. Si bien el Artículo 6 y sus salvaguardas ofrecen un marco para evitar estos problemas, su implementación rigurosa será esencial para garantizar que los proyectos respeten los derechos humanos y promuevan la equidad climática.
Hacia mercados de carbono con justicia social
Como lo vimos a través de este artículo, los mercados de carbono tienen el potencial de ser herramientas clave en la lucha contra el cambio climático, pero deben rediseñarse para abordar sus deficiencias estructurales.
Priorizar reducciones reales de emisiones en lugar de depender exclusivamente de la compensación.
Fortalecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para garantizar el cumplimiento de las normas.
Garantizar el respeto a los derechos humanos, promoviendo la participación activa y equitativa de las comunidades locales.
Finalmente, la pregunta persiste y es clara: ¿pueden los mercados de carbono ser una solución justa y efectiva para mitigar el cambio climático, o seguirán siendo una excusa para posponer transformaciones necesarias,siendo un mecanismo que permita a las grandes potencias e industrias “justificar” sus responsabilidades mientras las comunidades más vulnerables soportan el costo del cambio climático? Es imperativo reflexionar sobre estos aspectos para construir un futuro donde la acción climática traiga consigo justicia social.
