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En gran parte de Colombia, las primeras referencias que vienen a la mente cuando se habla de Brasil son la samba o el fútbol.
Pero en la región del Bajo Cauca, localizada en el norte en el Departamento de Antioquia, otro tema domina el imaginario sobre los brasileños: la minería ilegal.
El Bajo Cauca está compuesto por apenas seis municipios, con una población de aproximadamente 300.000 personas.
Sin embargo, es responsable de más del 50% de la extracción de oro en Colombia.
En 2005, dos brasileños que operaban en Serra Pelada, en Brasil, trajeron consigo una serie de equipos que potenciaban la extracción ilegal de oro.
En marzo de este año, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, afirmó que los daños causados por la minería son los responsables del "mayor desastre ambiental" en la historia del Departamento.
Antioquia ha perdido más de 500.000 hectáreas de bosque en los últimos 20 años. Solo en el Bajo Cauca se han deforestado 60.000 hectáreas y talado más de 200.000 árboles.
Los expertos apuntan a la minería ilegal como de uno de los dos grandes responsables de este escenario.
La implementación de equipos como los llamados "dragones brasileños" fue parte fundamental del empeoramiento de las condiciones ambientales.
Además, todavía existe el uso de las llamadas "dragas", equipos metálicos generalmente hechos a mano y utilizados en los ríos de la región que potencian la sedimentación.
En redes sociales, BBC News Brasil encontró perfiles que enseñan cómo producir el material.
Daniel Bonilla Calle, profesor de negocios internacionales de la Fundación Universitaria Ceipa, afirma que "los brasileños están más especializados en el uso de maquinarias y dragas. Antes no había tanta tecnología en la extracción de oro".
Un investigador que estudió los impactos de la minería ilegal en la región —y pidió que se preservara su identidad— también observó que los equipos brasileños agravaban los daños en la región.
"En 2005 comencé a escuchar el tema de los dragones, que eran una especie de reingeniería donde optimizaban la extracción del mineral y no era tan necesaria una retroexcavadora. Así, la extracción se volvió más competitiva, ya que se movía hasta 20 veces más cantidad de tierra", señaló.
Entre más de 20 brasileños detenidos en los últimos diez años por la explotación ilegal de oro en el Bajo Cauca, dos habían trabajado en el pasado en la histórica mina de Serra Pelada, en el estado de Pará.
Estos fueron señalados por la justicia colombiana como algunos de los principales responsables de la implementación de nuevas técnicas mineras a partir de 2005.
En 2016, uno de ellos fue detenido y señalado por la policía local como el creador de los "dragones".
Entre los cargos estaban conspiración para delinquir, contaminación ambiental, daño a los recursos naturales y violación de fronteras para la explotación de recursos. Hasta el momento se encuentra bajo custodia.
El segundo individuo murió de covid-19 mientras se tramitaba el caso en su contra, con acusaciones similares. También están acusados de intensificar la contaminación por mercurio en el Bajo Cauca.
Bonilla Calle recuerda que, a partir de la década de 2000, el alza de precios internacionales del oro impulsó la exploración.
El metal proviene de un avance histórico en los precios, y opera cerca de sus máximos actuales, en torno a los US$2.000 la onza troy cotizada en Nueva York. En 2015, la cotización rondaba los US$1.000.
En algunas localidades de la zona, el porcentaje de la población cuyos ingresos están directamente ligados a la extracción de oro supera el 50%, destaca el profesor.
El más reciente informe de la Contraloría General de la República en Colombia señala que cerca del 63% de las 53 toneladas de oro que explota anualmente el país son resultado de la minería ilegal.
Como resultado, el 85% de las exportaciones de metales en el país no tienen un origen legal, según la publicación.
La rentabilidad de la minería ilegal ha llamado la atención de los grupos criminales. Bonilla Calle señala que el Bajo Cauca es una región aislada y que se ha iniciado un control violento de los negocios.
El llamado Clan del Golfo es quien controla actualmente la minería. Es una organización armada con influencias en varios negocios ilegales en Colombia.
"Hay un impacto limitado de las acciones del Estado. Es una región lejana, que está a seis horas de Medellín, por ejemplo", afirmó el profesor al mencionar la capital antioqueña.
Algunos equipos utilizados en la minería pueden costar hasta US$500.000 y los recursos de los grupos criminales se consideran importantes para garantizar el acceso a dichos medios.
Además, Bonilla Calle afirma que organzaciones como el Clan del Golfo ofrecen protección a los mineros ilegales. Por lo general, el grupo delictivo obtiene parte de los ingresos del oro, incluidas frecuentes extorsiones.
En marzo de este año, un gran paro afectó durante semanas a la región del Bajo Cauca, movimiento que el gobierno colombiano acusa de haber sido alentado por el Clan del Golfo.
Los manifestantes exigieron medidas para formalizar la minería en la región, un tema que se ha discutido durante mucho tiempo.
Para el investigador que pidió preservar su identidad, actualmente existen mecanismos para buscar la legalización de las extracciones, pero el Estado no logra monitorear el oro que sale del Bajo Cauca.
"Si el Estado no controla el proceso extractivo, es difícil, ya que la explotación está prácticamente dominada por grupos criminales e ilegales. Es necesario que el Estado esté presente y verifique todo este proceso", afirma.
La relación entre brasileños y colombianos nunca ha sido la más fácil. Wilmar Alexander Cano es profesor de la Universidad de Antioquia y estudia este tipo de movimientos en el país.
"Históricamente, las migraciones por la minería han generado muchos conflictos. Los propietarios son lugareños que controlan el territorio y normalmente se buscan acuerdos para la explotación", dice.
Sin embargo, muchas veces se firma algún tipo de convenio con actores locales, e incluye contrapartes para una región con poca presencia estatal.
"Aportan ingresos a las ciudades y, a veces, infraestructuras como escuelas", destaca Cano.
En algunos lugares, el Bajo Cauca también ha tenido alguna contención de daños relacionados con la minería ilegal y uno de los más notorios es el uso del mercurio, que asoló la región durante décadas.
Desde 2014, el gobierno implementó estrategias para reducir el uso del material por parte de empresas industriales y mineros artesanales.
"He notado que muchos ya no usan mercurio. Es una práctica que poco a poco ha ido disminuyendo. Si empiezas a abordar el tema, puede mejorar, pero no desaparece de la noche a la mañana. Ahí están los resultados de años y años fuera de control", evalúa el experto que prefiere no revelar su nombre.
Este especialista opina que la solución pasa por una mayor inversión estatal.
"Se necesita mayor inversión en educación y mayor cobertura a las familias vulnerables".
A su juicio, esto permitirá que la población vea "la minería como una opción, pero no la única".
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