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Por segunda ocasión, un juzgado determinó que no hay pruebas suficientes ni peligro de fuga para ampliar las medidas cautelares contra Mauricio Batalla, exjerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
El Ministerio Público había apelado la primera decisión del juzgado y ahora, otra vez más, las intenciones de la Fiscalía fueron descartadas.
La decisión del juzgado penal de Goicoechea no solo favorece a Batalla, sino también a otras tres personas investigadas.
Se trata de Alejandro Picado, presidente de la CNE; Marcos Castillo, director de Aviación Civil; y Henry Villalobos, de la CNE.
“La jueza Lic. Vanessa Herrera Meza determinó nuevamente que no existen elementos probatorios y hay arraigo suficiente para no imponer medidas cautelares adicionales a las ya impuestas en la primera instancia. Según los expertos penalistas, esto podría suponer un caso muy débil por parte de la Fiscalía, donde no existen elementos que indiquen delito alguno por parte de los imputados”, indicó la defensa de Batalla en un comunicado, quien catalogó la investigación como un “show político”.
Actualmente, Batalla tiene como medidas cautelares no ponerse en contacto con las personas involucradas en el caso.
La Policía Judicial investiga presuntas irregularidades con una declaratoria de emergencia para rehabilitar la pista de aterrizaje del aeropuerto de Liberia, en Guanacaste.
La tesis del Ministerio Público es que se había adjudicado un contrato de casi $40 millones a la empresa MECO.
En la contratación se utilizaron fondos del régimen de emergencias de la CNE y del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), sin el refrendo de la Contraloría.
El problema es que, supuestamente, la declaratoria no se ameritaba.
