La anticoncepción de emergencia no puede ser excluida de ninguna manera de la atención sanitaria que reciben las mujeres víctimas de violación, de acuerdo con el colectivo Movimiento Balance.

La organización cuestionó la decisión de la Comisión de la Mujer de excluir la píldora del Protocolo de las 72 Horas, que hoy día está vigente.

“Balance considera indispensable que las decisiones legislativas relacionadas con la atención sanitaria se sustenten en evidencia científica y criterios médicos reconocidos internacionalmente, particularmente cuando afectan a mujeres y niñas que han sufrido violencia sexual”, dijo el grupo.

En ese sentido, Balance señaló que la sociedad debe respetar los diferentes credos, sin que ello implique desconocer otros derechos igualmente esenciales, “como la salud, la dignidad y la integridad de las personas”.

Las legisladoras analizan un proyecto que lleva por nombre “Ley para la Institucionalización Legal del Protocolo de las 72 Horas y los Equipos de Respuesta Rápida para la Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales”. Su objetivo es darle rango de ley al protocolo que está vigente.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las píldoras anticonceptivas de emergencia no provocan abortos, ya que actúan impidiendo o retrasando la ovulación y no interrumpen un embarazo establecido. Su administración puede realizarse hasta cinco días después de una relación sexual sin protección, aunque su eficacia es mayor cuanto antes se utilicen.

En ese sentido, Kattia Calvo, diputada de Pueblo Soberano y presidenta de la Comisión de la Mujer, explicó que la decisión de eliminar la píldora del protocolo de atención de 72 horas se debe a que hay preocupación entre las diputadas de dicho foro legislativo por la posibilidad de que la píldora pueda provocar un aborto en una mujer que ya estaba embarazada antes de la violación.

La legisladora indicó que, de comprobarse lo contrario, se estarían volviendo a introducir la píldora en el protocolo y el proyecto de ley.

No obstante, Balance advirtió que imponer requisitos adicionales, como pruebas de embarazo para determinar si la mujer ya estaba embarazada antes de la violación, podría generar obstáculos innecesarios para las víctimas y aumentar el riesgo de revictimización.

La organización considera que la respuesta institucional debe ser integral, sensible y oportuna, además de respetar la autonomía de las mujeres.