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La Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente el expediente 25.023, que propone sancionar con mayor severidad el incumplimiento de medidas de protección a favor de mujeres víctimas de violencia.
La iniciativa, presentada por la diputada María Marta Carballo, busca reformar la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres y el Código Penal de Costa Rica para fortalecer la respuesta del Estado ante estos casos.
El proyecto plantea aumentar la pena de prisión de 2 a 4 años para quienes incumplan medidas de protección en casos de violencia doméstica. Además, elimina la posibilidad de acceder al beneficio de ejecución condicional de la pena en estos supuestos.
Actualmente, la legislación establece sanciones de seis meses a dos años, lo que ha permitido que algunos agresores eviten la cárcel mediante beneficios penitenciarios. La reforma pretende cerrar esos portillos y asegurar consecuencias proporcionales a la gravedad de la conducta.
Según se expuso en comisión, la propuesta surge ante una realidad preocupante: en varios casos de femicidio existieron denuncias y medidas de protección previas que no lograron evitar desenlaces fatales.
Los legisladores señalaron que una orden de protección debe constituir un mecanismo efectivo de resguardo para las víctimas y no un simple trámite formal sin efectos reales.
