Reciba las últimas novedades e información directamente en su correo.
Poco después del mediodía del pasado 8 de diciembre se inició una asamblea comunitaria en un campo de fútbol del poblado de Texcapilla, la cual desembocó en un caso de justicia por propia mano como pocas veces se ha visto en México.
Sin ningún temor a ser descubiertos, miembros armados del cartel La Familia Michoacana citaron a agricultores de esa región del sur del estado de México para llegar a un acuerdo a todas luces ilegal.
Los criminales querían imponer un cobro de 10.000 pesos (US$580) por cada hectárea de cultivo que produjeran los campesinos. Un “cobro de piso”, como se llama a las extorsiones que aplican a quienes tienen algún tipo de negocio.
Pero los hombres y mujeres de la región estaban cansados de las extorsiones que llevaban años padeciendo.
“Veníamos a las 12 del día, como mujeres solo para escuchar, para saber qué están pidiendo. Iban a dialogar que no cobraran tanto”, relató una mujer de Texcapilla.
(Los entrevistados pidieron no ser identificados por temor a las represalias).
La reunión la encabezaba Rigoberto de la Sancha Santillán, “El Payaso”, quien era el jefe del cartel La Familia Michoacana en la zona. Estaba acompañado por hombres con armas largas, chalecos antibalas y camionetas blindadas.
De un momento a otro, la discusión en la asamblea escaló. Se escucharon disparos al aire.
Algunos campesinos corrieron para resguardarse, pero otros que se quedaron usaron sus machetes, hoces y algunas escopetas para lanzarse sobre los delincuentes.
El enfrentamiento dejó a 10 criminales y 4 civiles muertos.
El momento quedó capturado en un video que mostró la violencia que se desató y que causó conmoción en el país.
Aunque en el pasado han ocurrido confrontaciones entre criminales y pobladores locales, no es común la forma temeraria en que los campesinos se abalanzaron sobre los extorsionadores.
"Somos humildes, no tontos. Nos comenzaron a llegar rumores de que si no atorábamos (pagar la extorsión) nos iban a matar. Pasó lo que tenía que pasar, no nos arrepentimos", le dijo a la prensa otra mujer después de lo ocurrido.
“El Payaso” fue uno de los primeros narcotraficantes en caer. Otros 9 de sus hombres fueron emboscados por los ataques con machetes y balas.
Cuatro miembros del grupo de campesinos, incluido su líder, Noé Olivares, perdieron la vida en la refriega.
“Llevábamos tiempo, unos cuatro años [de extorsiones], pero el pueblo ya estaba harto de estas personas. Por fin se les llegó la hora”, dijo otro habitante.
Sin embargo, el acto que algunos han aplaudido también desató un nuevo temor: que haya represalias de La Familia Michoacana que ha dominado el sur del estado de México durante mucho tiempo.
“Todo se vino abajo. Cerraron las escuelas. Teníamos la fiesta a la Virgen de Guadalupe (12 de diciembre), tampoco. Bodas que había el sábado", lamentaban en la comunidad.
Diez días después del enfrentamiento, medios locales informaron que decenas de familias abandonaron la población por miedo y que la mayoría de comercios siguen cerrados.
Texcapilla, en el municipio de Texcaltitlán, está ubicado en la región de Tierra Caliente, una de las zonas más conflictivas del sur de México por la histórica presencia de grupos de narcotraficantes.
Desde hace casi una década, la Familia Michoacana ha establecido en la zona colindante de los estados de México, Guerrero y Michoacán su zona de mayor influencia, donde además de traficar drogas y cometer secuestros, genera ganancias a través de las extorsiones.
“Las cuotas primero las tenían que pagar comerciantes de todo tipo, del pollo, de carne de res y cerdo, pero luego llegó un momento en que todos en la zona tenían que pagar cierta cuota”, le explica a BBC Mundo la periodista Dalila Ramírez, quien recorrió Texcapilla en los días posteriores a la matanza.
Y no solo eran las cuotas por “cobro de piso”, sino que los delincuentes comenzaron a imponer los precios de alimentos e imponer proveedores a las tiendas y comercios. Incluso cortar leños del bosque para el autoconsumo tenía una cuota.
“Somos campesinos, trabajamos sembrando haba, chícharo (guisantes, arvejas) y ya se querían meter con eso y no es justo. Trabajamos para el sustento de nuestras familias. No ganamos más”, dijo una mujer.
Recientemente también impusieron un toque de queda, explica Ramírez. “Las personas tenían que estar guardadas en sus casas. Y mientras, se robaban los animales de granja. Se llevaban los borregos, reses, vacas, todo lo tomaban”, le contaron los pobladores a a la periodista.
El cartel también tenía informantes. “Me contaban: ‘Si me voy en un taxi a Tixca (Texcaltitlán), el taxista ya les dijo que llevé tantas gallinas, tanto producto. Y venda o no venda tengo que pagar 10 pesos por cada arpilla (caja)'”, explica Ramírez.
La extorsión es uno de los 10 delitos de más alto impacto en la población de México, según el más reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En promedio, las víctimas pagan unos 3.350 pesos al año (US$194). Pero en esta región les estaban pidiendo tres veces más por cada hectárea de cultivo.
A nivel de los pequeños, medianos y grandes negocios, la extorsión es el delito de más alto impacto, por encima de robos, fraudes y otros delitos, según el Inegi.
La ausencia de autoridades policiales en la región ha facilitado el actuar de los criminales. En los últimos años hubo al menos dos ataques a autoridades en esa región del estado de México.
En 2021, miembros de La Familia Michoacana mataron a 13 funcionarios, entre policías y agentes de la Fiscalía del estado de México, en una emboscada en el municipio de Coatepec Harinas. Y dos años antes un fiscal regional resultó herido y su escolta muerto en un ataque en el que participaron policías municipales.
Es por este tipo de casos que los habitantes de la zona aseguran que llevan años padeciendo el control de los criminales y, en algunos casos, la complicidad de autoridades.
“Nunca pasaba nada (al investigar), nunca dieron con ellos. Cuando los iban a agarrar, les avisaban. Se metían a las casas para esconderse”, aseguró una vecina.
Las fuerzas federales tardaron unas cinco horas en llegar a Texcapilla después del enfrentamiento del 8 de diciembre.
En ese lapso, aseguraron los pobladores locales, los criminales se llevaron a varias personas de la población y sus alrededores. La Fiscalía del estado de México ha abierto carpetas de investigación sobre los casos.
Hay hombres, mujeres y al menos cuatro menores de edad entre los desaparecidos.
Diez días después del ataque, la localidad lucía como un pueblo desierto. Decenas de familias se fueron, mientras que otros tenían temor de siquiera asomarse a sus ventanas.
“Uno lo siente más por las criaturas, que son niños inocentes que no tienen la culpa de lo que uno está viviendo. Hay temor, hay muchos niños recién nacidos”, contó una habitante del lugar.
“Nos asustaron, que ya venían unos, que ya venían otros, que iban a atacar y no dormíamos por miedo”, dijo otra.
Y es que los habitantes de esa comunidad y otras aledañas temen que los “halcones”, como se conoce a los informantes del cartel, puedan señalarlos como partícipes de la matanza de los 10 miembros de La Familia Michoacana.
El hecho de que muchos en México, principalmente en redes sociales, hayan aplaudido el actuar de los pobladores e incluso los hayan catalogado como “héroes” por haber abatido a miembros del cartel podría alentar a los criminales a ejercer represalias.
“En ningún lugar se había hecho algo así. Que terminaran con la persona fuerte de la zona (El Payaso)”, dijo una habitante de Texcapilla entrevistada por Ramírez.
Las fuerzas federales y la policía estatal asumieron el control de la seguridad de Texcapilla, Texcaltitlán y los caminos de los alrededores unas horas después del enfrentamiento.
La instalación de un cordón de seguridad y la visita personal de la gobernadora Delfina Gómez tranquilizó a algunos en la población. A eso se sumó la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de que ahí se construirá un cuartel permanente de la Guardia Nacional.
Otros, por el contrario, pidieron que las autoridades les den armas y garantías para crear un grupo de autodefensa, como ha ocurrido en los estados de Michoacán y Guerrero.
“Nos queremos defender, queremos levantarnos en armas. Si pueden, que nos den chalecos antibalas, que nos den armas. ¡Queremos permisos para tirar!”, decía una pobladora a los medios, luego de la visita de la gobernadora Gómez.
Pero persiste la duda: ¿qué pasará si se van las fuerzas federales y estatales?
López Obrador aseguró que se mantendrán ahí "el tiempo necesario". Pero la gente desconfía de que, como en otros casos, cuando se enfríen las cosas queden de nuevo en la indefensión.
* Con información de Dalila Ramírez desde Texcapilla, Estado de México.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.
