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Los señalamientos del Colegio de Abogados en torno a los planes de seguridad que ha propuesto Laura Fernández no inquietan a la mandataria, quien asevera que se trata de la opinión de un “comité lleno de abogados progresistas del Colegio de Abogados y no de la institución”.
“No son posiciones oficiales, sino de algún comité lleno de abogados progresistas”, afirmó Fernández.
La presidenta también sostuvo que quienes integran ese comité mantienen una posición adversa a la administración, alegando “que es gente que está abiertamente en contra del Gobierno”, agregó.
Fernández aseguró, además, que ha recibido comentarios de integrantes del propio Colegio de Abogados que cuestionan que ese comité hable en nombre de la institución.
“Es curioso porque muchos miembros de ese colegio me han contactado para decirme que no son posiciones oficiales del colegio, sino de algún comité”, manifestó.
Las declaraciones de la mandataria se producen luego de que el Gobierno presentara ante la Asamblea Legislativa un paquete de seis proyectos de ley orientados a fortalecer el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Durante la presentación de las iniciativas, Fernández aseguró que durante muchos años el sistema estuvo del lado de los delincuentes y afirmó que las nuevas propuestas buscan colocar a las víctimas en el centro de la política criminal.
Entre los proyectos destaca la iniciativa denominada “Cero ocio en las cárceles”, que plantea que las personas privadas de libertad que opten por trabajar para reducir su condena deberán destinar un 35% de sus ingresos a resarcir económicamente a las víctimas y sus familias.
Otra de las propuestas establece penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes formen parte o presten servicios a organizaciones criminales.
El paquete también plantea restringir beneficios para personas reincidentes, quienes ya no podrían obtener la libertad alegando únicamente arraigo familiar o laboral.
Además, se crean tres categorías de reincidencia: la reincidencia simple, para quienes cometan un nuevo delito doloso dentro de un plazo de 15 años; la reincidencia cualificada, cuando el nuevo delito esté vinculado con delincuencia organizada, narcotráfico o asociaciones criminales; y la figura del reincidente habitual, aplicable a quienes acumulen tres o más condenas por delitos dolosos en un periodo de 15 años y vuelvan a delinquir.
Las seis iniciativas deberán ahora ser discutidas y votadas por los diputados en la Asamblea Legislativa.
