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La expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, instó este viernes a los costarricenses a aplicar la “malicia indígena” ante el polémico caso de Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien enfrenta tres denuncias de supuestas violaciones.
A través de sus redes sociales, la exmandataria afirmó no comprender a quienes “se regocijan con la situación” del jefe policial y aseguró que se trata de uno de los “mejores funcionarios públicos del país”.
Asimismo, sugirió que “la malicia indígena” debe servir para analizar más allá de lo evidente.
“Si bien ninguna denuncia se debe descartar y los magistrados hicieron bien en suspender para investigar, hablamos de uno de los mejores funcionarios públicos. De quien ha liderado con eficacia y pese a los obstáculos del gobierno, el combate al crimen organizado y a las pandillas locales. No sé ustedes, pero la malicia indígena nos debe llamar a preguntarnos: ¿por qué tanta diligencia e involucramiento de funcionarios de gobierno en este caso, cuando se trata del mayor justiciero de los criminales del país?”, escribió Chinchilla.
Las declaraciones de Chinchilla surgen en medio de una serie de revelaciones que han puesto en entredicho el origen y manejo de las denuncias contra Zúñiga.
El Ministerio Público confirmó que este jueves recibió la declaración de una mujer, quien asegura que dos funcionarias del Gobierno la habrían abordado para ofrecerle beneficios a cambio de firmar una denuncia por delitos sexuales contra el director del OIJ.
Según la denunciante, Yerlin Zúñiga Céspedes, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), y una abogada de la misma institución, le habrían entregado la denuncia “ya redactada”.
Por su parte, el Inamu negó rotundamente esas acusaciones.
“Es falso. Es totalmente falso que desde el Inamu estemos contactando a mujeres para ofrecerles diferentes beneficios estatales y subsidios a cambio de interponer denuncias contra Randall Zúñiga”, señaló la institución en un comunicado oficial.
Sin embargo, la versión de la presunta víctima coincide con lo manifestado por el abogado defensor del jefe del OIJ, Federico Campos, quien aseguró que funcionarios del Inamu y del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) habrían ofrecido “estudios y otras dádivas”.
“Al menos dos mujeres fueron buscadas por funcionarios de esas dependencias estatales para ofrecerles algo con una denuncia ya redactada. Una de las denuncias ya se presentó en la Fiscalía de Turrialba y hoy se presenta otra”, afirmó Campos.
