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Los gobiernos de Donald Trump y Nayib Bukele reforzaron sus lazos de cooperación en temas de seguridad y migración, pese a los desafíos judiciales que enfrentan algunas de las decisiones tomadas hasta el momento.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, viajó este miércoles a El Salvador, donde el evento más destacado fue su visita a la cárcel de máxima seguridad de Bukele horas antes de encontrarse con el presidente salvadoreño.
No hubo una declaración conjunta de Bukele y Noem ni el anuncio de nuevos acuerdos, pero la embajada de Estados Unidos en El Salvador compartió imágenes del encuentro en una publicación de X en la que informó:
"La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sostuvo una reunión con el presidente Nayib Bukele para fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y migración. Durante la reunión, la Secretaria Noem agradeció al presidente por el compromiso de El Salvador en la lucha contra la migración ilegal".
Previamente, Noem visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel símbolo de la lucha contra las pandillas del gobierno de Bukele en la que ahora están también presos los más de 200 venezolanos deportados desde EE.UU. el 16 de marzo, sin el debido proceso y tras haber sido invocada para ello la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación del siglo XVIII.
La deportación a El Salvador generó un conflicto abierto entre el gobierno de Trump y el juez federal James Boasberg por el uso de esta ley centenaria para justificar el rápido traslado de los migrantes.
Boasberg impuso una orden judicial contra futuras deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, y un tribunal de apelaciones de Washington DC ratificó este miércoles la decisión del juez.
La Casa Blanca insiste en que todos los que detuvieron son miembros de pandillas peligrosas y que fueron cuidadosamente investigados.
Durante su visita al Cecot, Noem estuvo acompañada por el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, que le aseguró que quienes están tras las rejas nunca estarán listos para reintegrarse en la sociedad.
"Le agradezco a El Salvador y su presidente por su asociación con Estados Unidos para traer a nuestros terroristas aquí, para encarcelarlos y que se atengan a las consecuencias por la violencia perpetrada en nuestras comunidades", dijo Noem desde la misma prisión, posando frente a una de las celdas.
"También quiero que todo el mundo sepa que, si vienes de forma ilegal a nuestro país, esta es una de las consecuencias que puedes enfrentar", advirtió en su mensaje.
"Primero, no vengas a nuestro país ilegalmente. Serás expulsado y procesado. Y estas instalaciones son una de las herramientas que usaremos si cometes algún crimen contra estadounidenses", añadió, mientras decenas de presos, sin camiseta y con la cabeza afeitada, la miraban desde el otro lado de los barrotes.
El trato para recibir deportados lo cerraron Bukele y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, cuando este último visitó El Salvador como parte de su gira por Centroamérica y el Caribe el mes pasado.
"Es un acuerdo sin precedentes, el más extraordinario del mundo", lo describió entonces el jefe de la diplomacia de EE.UU., añadiendo que El Salvador se había ofrecido a recibir a "criminales peligrosos" que estuvieran bajo custodia o cumpliendo condena, "incluso si son ciudadanos estadounidenses o residentes legales".
Durante una reunión de más de tres horas, Bukele y Rubio discutieron los detalles de las potenciales deportaciones.
Y, según documentos internos del gobierno estadounidense obtenidos por la agencia AP, el acuerdo alcanzado incluía un pago de US$20.000 por preso por año, lo que sumaría unos US$6 millones por los deportados a mediados de marzo.
"Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero alta para nosotros", confirmó el propio Bukele en la red social X cuando anunció la llegada de los deportados venezolanos.
El gobierno de Trump vinculó inicialmente a los expulsados con el Tren de Aragua, una banda criminal nacida en las cárceles venezolanas que se ha expandido por la región en los últimos años y ahora está catalogada como "organización terrorista transnacional" por EE.UU.
Sin embargo, luego se especificaría que en el vuelo llegaron, además de 238 presuntos miembros del Tren de Aragua, 23 supuestos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), sumando un total de 261 migrantes indocumentados.
La decisión provocó un fuerte rechazo de organizaciones de derechos humanos.
"Bukele se está ofreciendo como una especie de Guantánamo centroamericano, porque las personas que son enviadas a los centros de detención de El Salvador pierden cualquier comunicación con el mundo exterior y no tienen ningún acceso genuino a recursos legales", denunció Juan Pappier, el subdirector de la División Américas de Human Rights Watch.
El gobierno venezolano también ha repudiado enérgicamente la deportación sustentada en la Ley de Enemigos Extranjeros, tachándola de "anacrónica" y "violatoria de los derechos humanos".
Mientras tanto, abogados en El Salvador, aparentemente en coordinación con el gobierno venezolano, han presentado una petición ante la Corte Suprema salvadoreña para tratar de asegurar la liberación inmediata de los hombres.
Durante su visita a El Salvador este miércoles, Noem aprovechó para firmar junto al ministro Villatoro un memorando de cooperación para actualizar la Alianza de Seguridad para la Aplicación de la Ley de Fugitivos (SAFE, por sus siglas en inglés).
La Oficina de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) creó dicho programa en 2012.
Su objetivo es mejorar el intercambio de información desde los países del Triángulo del Norte —El Salvador, Guatemala y Honduras— para poder localizar, capturar, detener y expulsar a individuos que residen en EE.UU. de forma irregular y tienen órdenes de arresto extranjeras pendientes.
El Salvador ha sido la primera parada de una gira de tres días que llevará a la encargada de la seguridad nacional de EE.UU. a Colombia y México.
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