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Japón acaba de perder una oportunidad histórica con la aprobación de la reciente reforma de la ley de sucesión imperial, que pudo convertirse en un símbolo de modernidad, igualdad y confianza en el talento de las mujeres. En cambio, el Parlamento optó por mantener una de las normas más discriminatorias de su ordenamiento jurídico: impedir que una mujer pueda convertirse en emperatriz.
No se trata únicamente de la Corona. Se trata del mensaje que un Estado transmite a toda una sociedad cuando afirma que el máximo cargo simbólico de la nación solo puede ser ocupado por un hombre.
La decisión resulta aún más desconcertante porque se produce bajo el gobierno de una mujer. Precisamente cuando se esperaba un liderazgo dispuesto a romper una barrera histórica, Japón decidió reforzarla. Es una paradoja difícil de explicar.
Lo más llamativo es que la exclusión femenina no forma parte de una tradición inalterable desde el origen del Imperio japonés. Entre los siglos VII y XVIII gobernaron ocho emperatrices. La historia demuestra que las mujeres sí ocuparon el Trono del Crisantemo.
La prohibición surgió mucho después. En 1889, durante la Restauración Meiji, la Ley de la Casa Imperial estableció que únicamente los hombres descendientes por línea paterna podrían heredar el trono. La justificación fue preservar la continuidad de una supuesta línea masculina ininterrumpida de la dinastía imperial, considerada por los sectores conservadores como la base de la legitimidad de la Corona. Esa visión fue reafirmada en la legislación de 1947 y acaba de consolidarse nuevamente con esta reforma, lo cual evidencia que la exclusión de las mujeres no responde a una imposibilidad histórica, sino a una decisión política inspirada en una concepción patriarcal del poder.
Aunque la familia imperial no gobierna (como ocurre en España, Inglaterra y otras de las pocas monarquías que quedan en el mundo), representan la identidad nacional, funcionan como símbolos de unidad y realizan tareas diplomáticas. Entonces, cuando el Estado sostiene que una mujer no puede acceder a la máxima representación del país únicamente por razón de su sexo, transmite un mensaje que inevitablemente permea el resto de las instituciones.
No sorprende que esta discriminación incida en que Japón continúe figurando entre los países desarrollados con mayores rezagos en igualdad de género. De acuerdo con el Índice Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial, Japón ocupa desde hace años los últimos lugares entre las economías del G7 en materia de igualdad entre hombres y mujeres. La participación femenina en los puestos de mayor poder político y económico continúa siendo una de las más bajas del mundo desarrollado.
La realidad empresarial refleja esa misma cultura. Japón registra una de las menores proporciones de mujeres en juntas directivas y en cargos ejecutivos de las grandes corporaciones. Las directoras ejecutivas siguen siendo una excepción, mientras miles de mujeres altamente preparadas continúan encontrando un techo de cristal que limita su desarrollo profesional.
Lo anterior demuestra que no es casualidad, que cuando una sociedad sostiene durante generaciones que la máxima autoridad simbólica debe ser un hombre, termina reproduciendo esa lógica en la política, en las universidades, en las empresas y en prácticamente todos los espacios donde se toman decisiones.
Otros países con profundas tradiciones monárquicas comprendieron hace años que preservar una institución no significa conservar intactas todas sus reglas. Suecia, Noruega, Bélgica, Dinamarca, los Países Bajos, España y el Reino Unido modificaron sus leyes sucesorias para reconocer la igualdad entre hombres y mujeres sin poner en riesgo la continuidad de sus coronas. Pero Japón prefirió mirar hacia atrás. Tenía la oportunidad de demostrar que la tradición y la igualdad podían convivir. Decidió conservar una regla que pertenece más al siglo XIX que al XXI.
La mayor paradoja de la histórica reforma de sucesión japonesa es que lleva el sello de Sanae Takaichi, la primera mujer en convertirse en primera ministra de Japón. Para blindar el trono frente a las mujeres, Takaichi esgrimió una férrea defensa de la tradición patrilineal, alertó sobre el "peligro" del linaje materno y recordó que la dinastía aún cuenta con herederos varones viables.
El accionar de Takaichi evoca de inmediato la célebre advertencia de la exsecretaria de Estado estadounidense, Madeleine Albright: "Hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que no ayudan a otras mujeres". La postura de la mandataria nipona encaja con precisión en esta frase.
