La institucionalidad costarricense y su actualización

Pocas cosas más determinantes de nuestro destino que el estado de legalidad provisto por la institucionalidad en el país. El conjunto de nuestras leyes, el conjunto de nuestras instituciones y su correspondiente concierto nos han garantizado paz, justicia, equidad y tranquilidad a los costarricenses a través de los años. Desde nuestra primera constitución El Pacto de Concordia todo buscó la paz, el concierto, la justicia, la hermandad, la igualdad frente a las leyes y la fraternidad o concordia en el país. La seguridad jurídica que hemos ostentado no tiene igual y sus consecuencias benéficas a pesar de tardanzas y demoras no tiene parangón. Romper con nuestra seguridad jurídica es romper con la más importante herencia que hemos podido recibir y vamos a transmitir.

Muchos costarricenses se han mostrado descontentos respecto de la rapidez con la que algunos procesos judiciales se desarrollan. Tienen razón la justicia pronta permanece como un ideal y no como una realidad tangible. Todo puede mejorarse, todo puede transformarse para bien y los aspectos mejorables son ideales que debemos perseguir con diligencia. Lo que es claro es que la destrucción del estado de legalidad, la destrucción de los códigos y leyes no nos llevará al país deseado sino al país que hemos rechazado siempre. Legalidad y arbitrariedad son conceptos contrapuestos. Esperar justicia pronta sin los recursos adecuados y los sistemas depurados es ingenuo.

La destrucción de nuestro estado de legalidad como pareciera que quieren algunos no traerá más que caos y luego arrepentimiento de lo hecho. La destrucción de sistemas que cuesta muchísimo crear trae consecuencias impredecibles. En un país donde buscamos el libre comercio y la inversión pública extranjera sería impensable ese esfuerzo sin un robusto sistema legal y una cultura de derecho sólida en los costarricenses. La seguridad jurídica resulta entonces fundamental. Esa seguridad debe de fortalecerse.

Costa Rica ha aventajado en mucho a nuestros vecinos y a países de la zona latinoamericana por su sentido de la legalidad y su robusto sistema. El derecho constitucional del que algunas personas reniegan y desprecian ha sido la culminación en el desarrollo del derecho en el país. Me ha resultado en consecuencia difícil de creer cuando he escuchado que es inconcebible que la Sala Constitucional se aparte del texto de la Constitución y se atreva a interpretar esta. Como diría uno de los Magistrados norteamericanos, la constitución dice lo que los magistrados decimos que dice. Esta expresión feliz fue adoptada por nuestro magistrado presidente de la Sala Constitucional Rodolfo Piza Escalante quien repitió que la constitución nuestra decía lo que la Sala Constitucional decía que decía. Por eso me ha causado sorpresa escuchar en labios de una legisladora costarricense decir que la Sala Constitucional no puede interpretar ni separarse del texto de la Constitución Política de Costa Rica de 1949. Probablemente no era sino una expresión política tendiente a debilitar a magistrados y a la Sala Constitucional misma. La Sala Constitucional es la más política de todas las salas del Poder Judicial. Es a la que le corresponde dictar sentencias sobre nuestro sistema político y si fuera textual haría en extremo quebradiza la Constitución del país. Cuando hay un choque de competencias es la Sala Constitucional la llamada a decidir. La Asamblea Legislativa de 1989 decidió este aspecto justamente.

Resulta trascendental evitar la permanente confrontación y el disputar a jueces y magistrados su capacidad de impartir justicia. No es asunto de infalibilidad, pero si es asunto de respeto y de fortalecimiento de nuestro sistema judicial. Sin un robusto sistema judicial en el país su organización económica, política y social podría enfrentar graves problemas de estabilidad y de confianza. Sobre la seguridad jurídica con que cuentan los costarricenses, la fortaleza de su sistema legal, sus jueces y magistrados, sus salas y Corte Plena debemos hacer el esfuerzo por fortalecerla siempre, sobre la certeza de sus fallos, la claridad de su pensamiento y la justicia de sus sentencias no debemos debilitarla nunca. El buscar el descrédito del sistema legal nos llevaría a estar disparándonos sobre ambos pies. No tiene sentido alguno sembrar la desconfianza y la duda en el trabajo y el criterio de quienes han dedicado su vida al ejercicio cabal del derecho. La renovación de las personas que trabajan en el sistema deberá darse y si el criterio de país es que no se debe elegir a un juez o a un magistrado sin límite de tiempo se imponga para bien de la judicatura un término final.

A trabajar en las correcciones que nuestras leyes requieren. A estudiar y buscar la actualización de la legislación presente. Las correcciones nos llevarán a discusiones de fondo y a mejorar lo que ya es bueno para transformarlo en lo mejor. Nuestro sistema es perfectible. No es razonable la inmovilidad como tampoco es lógico destruirlo todo para comenzar de cero.

Emilio R Bruce Profesor