Infraestructura para el desarrollo

De conformidad con el Plan Nacional de Transportes 2011-2035, el país debe invertir un 4% del PIB desde 2011 hasta 2025, y un 2,5% del PIB desde 2025 hasta 2035, si desea cerrar la enorme brecha que tiene en el ámbito de la infraestructura del transporte.
Es decir, el país tiene que invertir más de $50 mil millones en los próximos años, a un ritmo de $2.300 millones por año para completar dicho plan, pero es evidente que no tiene la capacidad de hacerlo, porque si vemos con claridad su nivel de inversión actual este no supera el 1,0% del PIB, por lo que es innegable que hay una grave crisis en materia de transporte.
Para responder a esta crisis, hay que desarrollar la capacidad de forjar alianzas público privadas para ejecutar, pero antes debemos desplegar el talento para diseñar con claridad lo que vamos a construir, porque es ahí donde el Estado tiene la mayor responsabilidad. Nuestros diseños no están bien, y nuestra gestión es sencillamente ineficaz.
Esto me lleva al rol de las políticas públicas que tienen que abogar por la inversión mixta, es decir, tenemos que trabajar bajo la lógica de quien puede hacerlo bien y mejor, pero sobretodo más rápido, y entender que la obra pública tanto en manos del Estado como del sector privado tiene riesgos y debemos encontrar quien esté dispuesto a correr con ellos. Si el marco jurídico se adecua para que podamos empezar por cambiar el control previo por el control por resultados tendremos una política pública capaz de dar un giro en materia de inversiones y asegurar una dinámica distinta a la de hoy.
Finalmente, ¿que podemos hacer desde la Asamblea Legislativa? Primero, debemos todas las fracciones políticas proponer una Ley de Contingencia para agilizar todos los proyectos financiados por el orden de los $2.700 millones. Esta ley puede ser de plazo fijo, de manera que los poderes excepcionales otorgados a las instituciones del Estado en alianza con el sector privado se extingan en el momento en que se cierre la brecha de inversión actual.
Mientras tanto podemos trabajar en la mejora de las leyes de expropiación, en la agilización de los procesos de impugnación dentro del marco de la ley de contratación administrativa, sin descontar la necesidad de aprobar leyes que mejoren la inversión de obra pública en otros sectores como la salud, la educación y el desarrollo científico y tecnológico.
No debemos descartar una reforma a la Ley del Ministerio de Obras Públicas y Transportes tanto para modernizarlo, como para integrarlo y financiarlo.
Necesitamos recuperar la capacidad de soñar y hacer las cosas en grande, debemos en una palabra trabajar con el espíritu de grandeza que hizo posible a Costa Rica, solo de esta forma podremos avanzar por el camino del desarrollo y bienestar nacionales.
 

Diputado Rafael Ortiz Fábrega